La ocupación irregular de dos edificios en Ruiloba enfrenta a los partidos

El caso es que el inmueble fue cedido por el Ayuntamiento a los dos ceramistas y actuales usuarios en el año 1984 a cambio de que impartiesen clases de cerámica gratuitas. La cesión se realizó de forma oral, sin que mediara contrato por escrito, y estas dos personas han continuado haciendo uso de las instalaciones 39 años.

Lo que viene a decir el magistrado en la última resolución judicial es que este bien público no puede continuar ocupándose sin que exista un contrato en el que se expliciten las condiciones de su uso. «No puede existir un título concesional oral, que no establezca las condiciones de precio o duración del mismo -reza la sentencia- y todo acto administrativo debe ser escrito y el resultado de un procedimiento adecuado a la ley al efecto, lo que no se da en este caso». Por todo ello, concluye, «ante la falta de título concesional, y después de haber transcurrido más de treinta años en esta situación irregular, no queda más remedio que estimar el recurso del Ayuntamiento y revocar la sentencia de primera instancia (que daba la razón a los ceramistas demandados)».

La exalcaldesa introdujo en la sesión plenaria una moción -de las cuatro que presentó- para instar al Ayuntamiento a ejercer las acciones pertinentes y recuperar el edificio ocupado ilegalmente. Sin embargo, el regidor, Julio Pinna (PSOE), calificó el intento de desalojo de «desahucio». Pinna reconoció además a este periódico en la tarde anterior al pleno que trataría de buscar una alternativa para regularizar la situación. Por su parte, la portavoz de Cs, Mar Bielva, reprochó a la exalcaldesa su «política ruin y de acoso a los ciudadanos». El número dos del PSOE también habló de «trato vejatorio» hacia los inquilinos, «a los que les queda poco tiempo para jubilarse». Los concejales aludieron a la falta de consideración de la regionalista con estas dos personas, cuya situación como inquilinos genera conflicto.

Pero es que este no es el único caso de ocupación irregular en el municipio. El PRC denunció también ante la Justicia el empleo de una vivienda situada en el barrio de La Iglesia «por parte de la hermana del alcalde sin contraprestación alguna». Los tribunales volvieron a darle la razón a Portilla al considerar que «habiendo transcurrido sobradamente el plazo por el cual el Ayuntamiento cedió el uso del inmueble, la afectada carece de título para la posesión del mismo». Motivo por el que declaran «resuelto el contrato de arrendamiento por expiración del plazo contractual» y decretan el «desahucio de la inquilina». El alcalde se ausentó del salón de plenos a la hora de votar esta moción por ser familiar de la parte afectada. La moción tampoco salió adelante por los votos en contra del equipo de gobierno, desde donde argumentaron que «aún no hay sentencia firme» acerca de esta cuestión. Un pleno bronco el primero de la legislatura.