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«El cumplimiento de las leyes y de la normativa es algo que no va con el alcalde de Valdáliga -Lorenzo González-, como lo demuestran las numerosas sentencias condenatorias y sanciones que le están imponiendo al Ayuntamiento, pero las consecuencias de ese modo de actuar ... es algo que pagamos, por cierto con un alto coste económico, los vecinos», critica el portavoz del PRC en el municipio, Miguel Ángel Álvarez.
En concreto el edil regionalista señala que en fechas recientes se tenía conocimiento de la sentencia que condenaba al Consistorio a indemnizar con 105.500 euros a la empresa Sacyr Agua, concesionaria de dicho servicio en el municipio, por no actualizar las tarifas según marcaba el contrato de adjudicación. Dicha sentencia llegaba después de otra que condenaba también al Ayuntamiento a pagar la multa impuesta por Desarrollo Rural «por realizar la limpieza de la playa de Oyambre con una pala mecánica y un camión sin la correspondiente autorización».
Pero esa no ha sido la única que le han impuesto los responsables del Parque Natural, ya que «otra denuncia de los guardas por realizar sin autorización un paseo en el acceso a la misma playa tuvo el mismo resultado», señala Álvarez, que recuerda «el desgraciado accidente que costó la vida a un trabajador temporal del Ayuntamiento por hacer unas obras sin el correspondiente plan y sin las medidas de seguridad obligatorias», suceso que, según señala, también ha provocado una nueva condena.
«Ya sea el contrato del agua, las obras de un paseo, la limpieza de la playa, o lo que es peor, la seguridad de los trabajadores, el denominador común de todo ello es siempre el mismo, que nuestro alcalde se considera que está por encima de la ley por lo que se rige por sus propias reglas, pero cuando esa forma caciquil y dictatorial de proceder es revisada por los jueces, las consecuencias de esos desmanes los tienen que pagar los vecinos», señala el concejal regionalista.
Otro ejemplo que pone el edil sobre la manera de proceder que tiene el alcalde ha sido el del contrato del Ayuntamiento para redactar un PGOU. «Cuando el alcalde vio que no lo manejaba a su conveniencia les rescindió el contrato con la consiguiente indemnización», indica Álvarez.
En respuesta a las críticas del PRC, el alcalde, Lorenzo González, indicó que «las sanciones que no son de ahora sino de la última década», a lo que añadió que «el único fin de este alcalde era defender los intereses de los vecinos y que nos venga a sacar a colación el triste fallecimiento de un trabajador del que se condenó al Ayuntamiento a pagar una de las tres partes por el recargo de prestaciones de accidente... es comprensible el apoyo tan minoritario que tiene de los vecinos».
Sobre las sanciones impuestas por Medio Ambiente, González, recuerda que la primera de ellas está motivada por la limpieza que hizo de la playa y de todo su entorno tras las graves riadas de hace casi diez años en las que ni Costas ni el Parque de Oyambre actuaron para retirar la basura, mientras que la segunda fue una actuación que contó con el beneplácito de los responsables de carreteras, con lo que se resolvió el colapso que se producía en esa zona por el aparcamiento indiscriminado que incluso en su momento provocó que no se pudiese auxiliar a una persona que sufrió un infarto. El regidor señala que la multa no fue contra el Ayuntamiento, sino contra su persona y que la recurrió dándole finalmente la razón por lo que se le retiró la sanción.
«Esos son los delitos que comete el alcalde de Valdáliga, evitar que sus vecinos sufran subidas en un servicio básico como el suministro del agua, darles seguridad en los accesos a la playa y actuar con celeridad cuando otras administraciones no lo hacen. ¿Qué es lo que hace por sus vecinos el concejal del PRC? Seguro que la respuesta la tendrá en las próximas elecciones», concluye.
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