El pedáneo de Gandarilla asegura que sólo es legalizable «el 34%» del campo de golf

Entre otras cosas, Corsini aseguró que «casi un 90% de lo construido» era legalizable. Y para ello se apoyaba en un informe de la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo), impugnado ante el TSJC por Ecologistas en Acción, que, junto a la pedanía, han denunciado el desarrollo urbanístico de estas instalaciones. Sin embargo, tras encargar una pericial, el pedáneo de Gandarilla apunta que el 66% del complejo es «ilegalizable» y del 34% restante hay que descontar las edificaciones.

González defiende que en Gandarilla se han vendido fincas para el desarrollado de otras actividades que se encuentran en funcionamiento, y esos empresarios y emprendedores «han respetado las normas y cuentan con el respeto y el apoyo de los vecinos». «En la actualidad, en el valle de Gandarilla no hay 4 o 5 ganaderos que vivan de subvenciones ni de fincas regaladas como manifiesta Corsini, sino que hay incluso ganaderías en el valle que cuentan con reconocimientos a nivel nacional e internacional».

La Junta Vecinal de Gandarilla asegura que está a favor de defender los bienes públicos y «nunca en contra de actuaciones realizadas al amparo de la legalidad». Por tanto, entiende el pedáneo que siendo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Vicente de la Barquera la normativa que impide la legalización de ese 66% del complejo, «quiero pensar que no es posible que el Ayuntamiento realice en un futuro próximo una modificación del Plan General para favorecer a un particular cuando el resto de los ciudadanos tenemos que someternos a la normativa vigente impuesta en el municipio y a las limitaciones de encontrarnos dentro del Parque Natural de Oyambre».

A juicio del pedáneo, con su denuncia, Ecologistas en Acción está velando por el espacio natural protegido y el cumplimiento de la normativa vigente, «intervención que no hubiese sido necesaria si el Ayuntamiento hubiese actuado adecuadamente en tiempo y forma».

Existe un procedimiento judicial ante el Juzgado de lo Contencioso Nº1 de Santander incoado a instancia del presidente de la Junta Vecinal -tras la desestimación de las alegaciones efectuadas ante el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera-, pendiente de practicar la prueba, «por cuestiones como la no existencia de red de saneamiento municipal que el Ayuntamiento rechaza, el no respetar los correspondientes retranqueos en el cierre perimetral que ha quedado acreditado con un informe pericial mediante levantamiento topográfico del vial, y construcciones realizadas sobre uno de los caminos públicos». Según el pedáneo, a pesar de que el propietario manifiesta que se trata únicamente de un tema de un solo camino público cerrado, invadido y eliminado en casi su totalidad, «no es cierto».

Por otro lado, González asegura que en 2021 la secretaria municipal emitió informe al apreciar una infracción urbanística grave, que derivó en la incoación de diez expedientes sancionadores de 80.000 euros por construcciones reiteradas sin licencias «de los que parece que el propietario del complejo no ha ingresado cantidad alguna, pues dichos expedientes actualmente se encuentran suspendidos, a pesar de que es evidente que se ha cometido la infracción urbanística pues él mismo lo reconoce». «Ha habido otros casos de menor impacto en el municipio que han sido sancionados sin tantos miramientos por el Ayuntamiento».