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VICENTE CORTABITARTE
SAN VICENTE.
Miércoles, 26 de febrero 2020, 07:22
La paralización del proyecto de las medidas ambientales compensatorias del puerto deportivo anunciada por la Consejería de Obras Públicas ha sido duramente criticada por la denominada Plataforma contra el Superpuerto, que señaló que dicha medida tiene «tintes vengativos, tendiendo presionar a los jueces, demostrando con ello el nulo interés de la Consejería por el medio ambiente y el bien de San Vicente de la Barquera».
El proyecto de las citadas medidas ambientales que ahora también se ven paralizadas al igual que las del puerto, pero en este caso no como consecuencia del auto judicial sino por decisión de la Consejería de Obras al tratarse de unas obras cuya ejecución iban ligadas a la construcción del puerto, contempla la ejecución de cuatro actuaciones con una inversión cercana a los 580.000 euros que estaban a punto de iniciarse. La plataforma opositora al puerto mostró su «estupefacción» por la noticia adelantada ayer por El Diario, recalcando en una nota de prensa que «no existe impedimento alguno para acometer unos trabajos que mejoran el Parque Natural sin alterar de ningún modo el entorno y lo convierten en un espacio más atractivo y protegido».
«Está claro el interés que tienen los políticos en la mejoría de San Vicente y en el entorno con dicho anuncio», señalaron desde la plataforma, «empeñándose en llevar adelante lo que podría ser un proyecto ilegal, atreviéndose incluso a cuestionar a la justicia, mientras abandonan sin razón ni impedimento alguno una iniciativa menos costosa, inocua para el entorno y que reporta mejorías en todo caso».
Asimismo, la plataforma añadió que «la decisión poco meditada de la Consejería, más allá de suponer una pataleta por la paralización cautelar de las obras del superpuerto deportivo, en tanto se dirime su legalidad, trata de interferir en el proceso judicial y de poner a una parte de la sociedad en contra de la propia justicia y de quienes dudan de que la construcción del puerto deportivo se ajuste a la normativa ambiental vigente», para concluir señalando que «no sólo no están aceptando una decisión judicial sino que están privando a la población de otras medidas positivas, de forma irresponsable».
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