La plataforma contra superpuerto de San Vicente amenaza con demandar a los responsables del proyecto

El representante de la plataforma y de los conservacionistas en el Patronato del Parque Natural de Oyambre, Emilio Carrera, ha explicado que este requerimiento también ha sido dirigido a la Consejería de Obras Públicas, Medio Rural y Medio Ambiente; a la Unión Europea y al Ayuntamiento; así como a la Fiscalía para «que actúe de oficio ante esta ilegalidad».

En el requerimiento se exige la inmediata paralización de las gestiones de la infraestructura y su archivo definitivo por considerarla completamente ilegal.

Carrera, en rueda de prensa, ha subrayado que, si el proyecto no se paraliza y la Fiscalía no interviene de oficio, la plataforma presentará «cuantas demandas sean necesarias ante los tribunales de Cantabria, España y la Unión Europea», contra «los políticos, técnicos y funcionarios» responsables del proyecto del macropuerto deportivo.

En un anexo del requerimiento enviado, se desglosa en diez puntos las razones por las que el proyecto de superpuerto deportivo «no tiene justificación alguna de interés general», además de contradecir diferentes normativas, desde el ámbito regional al de la Unión Europea.

También ha criticado el proyecto el concejal de Medio Ambiente y Medio Rural de IU-Ganemos en San Vicente de la Barquera, Martín Chaves, que rechaza que se lleve a cabo esta inversión millonaria en una «obra innecesaria» mientras en el municipio hay saneamientos por acometer y otras necesidades más acuciantes, como la modernización del puerto pesquero, el polígono de servicios para San Vicente de la Barquera o el desarrollo armónico del PN de Oyambre a partir del prometido Centro de Interpretación.

Carrera ha apostado por «acabar con la figura del delito sin delincuentes» que aprecia en sentencias que reconocen la ilegalidad de obras como las variantes de Oyambre y Comillas, la depuradora de Vuelta Ostrera, o las de centenares de viviendas que deben ser derribadas en la costa de Cantabria, sin que nadie pague por ello.

Entre los argumentos que esgrime la plataforma para pedir la paralización del proyecto figura, en primer lugar, que el Plan de Puertos de Cantabria en el que dice ampararse el macropuerto carece de la preceptiva Memoria Económica-Financiera y de los estudios de impacto ambiental

También consideran que es contrario a las directrices del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Oyambre y de los objetivos del Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Conservación de las Rías Occidentales y las Dunas de Oyambre e incompatible con la Directiva de Hábitats y el Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria.

Asimismo, destacan que el proyecto vulnera la Ley de Costas al querer construir un puerto que «sustrae al uso público parte del dominio marítimo-terrestre y privatizando su explotación para disfrute exclusivo de propietarios de embarcaciones de recreo».

Otra crítica es que el proyecto no responde a ninguna necesidad social ni inversión con futuro y carece de estudio económico-financiero sobre su gestión y explotación, amortización del gasto público, previsión y adecuación entre oferta y demanda o costes e ingresos, tasas portuarias, compromisos públicos y privados en mantenimiento.

Además, la plataforma incide en que los impactos de las obras degradarían la ría y marismas de gran diversidad y productividad biológica y en que puerto deportivo no es compatible con la regeneración integral de las marismas de Pombo y Rubín.

Y sostiene que el proyecto reducirá la calidad del agua, dificultará su renovación y añadirá contaminación al intensificarse el tráfico y los vertidos de vehículos por tierra y mar, potenciar demanda de plazas de aparcamiento y acentuar los atascos.