El proyecto de Fuente Real en Comillas, en el aire por las discrepancias con Patrimonio

La Dirección General de Patrimonio declaró el pasado 2 de febrero desistido el procedimiento relativo a la solicitud de autorización formulada por el Ayuntamiento para reformar la plaza. Era al menos la tercera misiva en la que el organismo confirmaba al Consistorio lo que lleva diciendo desde mayo: que no se ha justificado la eliminación del depósito y que la actuación urbanística de la plaza debe mantenerlo y ponerlo en valor. Si bien es cierto que hay más aspectos que se cuestionan relativos a la ejecución que plantea la Administración local, el conjunto hidráulico ha sido la principal fuente de conflicto.

Lo ha sido desde que en mayo, el Ayuntamiento remitiera a Patrimonio el proyecto básico para la completa remodelación de la plaza, un espacio urbano de tráfico desordenado y denso tránsito peatonal, por ser el acceso principal al monumento 'gaudiniano'. El planteamiento incluía retirar el depósito de aguas, al que no atribuía valor alguno. Sin embargo, tras revisar la propuesta, Patrimonio exigió al Consistorio que justificase «la imposibilidad de mantener el conjunto hidráulico», dado que se trata de un «vínculo identitario original» del espacio objeto de reforma. El documento incluía además una serie de consideraciones a tener en cuenta relacionadas con el trazado de la escalera, la posición del muro o el mantenimiento del arbolado de gran porte existente. Además, la Dirección General instaba al Ayuntamiento a restringir el acceso de vehículos a la plaza.

El Consistorio respondió al Ejecutivo en septiembre de 2024 con otro detallado informe sobre las modificaciones que se habían llevado a cabo «en respuesta a lo exigido por el Servicio de Patrimonio». En cuanto al depósito, el equipo de gobierno insistía en que «su eliminación es esencial para transformar el área en una plaza pública funcional, accesible y coherente», así como «a la ausencia de utilidad como sistema de retención de aguas pluviales o al estado de ruina de la estructura». Patrimonio recogió el guante y atendiendo a su vez a las alegaciones presentadas por varias asociaciones y entidades conservacionistas, le contestó al Ayuntamiento afirmando que «el proyecto de ejecución no introduce ningún cambio y basa su propuesta en motivos funcionales, ambientales y económicos, no acreditando la ausencia de valor histórico del depósito». Por eso, la Dirección General informó desfavorablemente e instó al Consistorio a presentar otro plan –sería el tercero– que, entre otras cosas, conservase el depósito en el plazo de diez días.

Mientras, el equipo de gobierno hizo dos cosas. La primera fue solicitar a la Consejería de Cultura –órgano superior– la anulación del requerimiento de Patrimonio que impedía la ejecución del plan previsto, «por considerarlo contrario a derecho e improcedente». Después, contrató a un doctor en arquitectura para que investigara y dictara un informe sobre el valor histórico del conjunto. Trabajo por el que pagó 1.800 euros. No obstante, el informe no llegó a Patrimonio antes de los diez días de plazo dispuestos por el organismo. Es entonces cuando, «no habiendo recibido respuesta dentro del plazo establecido», la Dirección General declara desistido el procedimiento. El Ayuntamiento de Comillas recibió la notificación el lunes, 3 de febrero, y el jueves, día 6, enviaba un requerimiento al consejero de Cultura, Turismo y Deporte para que anulase la resolución de Patrimonio por ser «contraria a derecho». Así que por ahora, la pelota está en el tejado de la Consejería de Cultura.