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En aproximadamente un mes se conocerá definitivamente la viabilidad o no de la prevista ampliación del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera, uno de los proyectos estrella de la Consejería de Obras Públicas para el municipio que comenzó a ejecutarse en octubre ... del año 2019 y que en febrero de 2020 fue paralizado cautelarmente por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ante la denuncia realizada por Ecologistas en Acción por los posibles daños medioambientales que podría provocar dicha actuación en la ría barquereña.
Tras los dos largos años de paralización cautelar transcurridos, la sala correspondiente del TSJC se reunirá el próximo 9 de marzo para decidir sobre el futuro de este proyecto que ha sido una demanda histórica de San Vicente y que tras el estudio de las diversas alternativas que se han venido barajando se aprobó ejecutar esta actuación, que ha requerido de una larga tramitación administrativa, contando con el visto bueno de todos los organismos implicados, especialmente la Demarcación de Costas y el Patronato del Parque Natural de Oyambre, además del correspondiente informe de impacto ambiental favorable.
La propuesta también cuenta con el total apoyo de todas fuerzas políticas con representación en San Vicente de la Barquera, a excepción de Izquierda Unida, que en las últimas elecciones se quedó fuera de la Corporación barquereña, así como con el respaldo de las principales entidades y colectivos sociales del municipio, como son la asociación de empresarios Afodeb, la Cofradía de Pescadores o el Club Náutico de San Vicente, entre otros.
Por el contrario un amplio grupo de colectivos conservacionistas de la región se han opuesto, creando una plataforma que desarrolló una intensa campaña contra este proyecto al que comparaban con el macropuerto de Laredo, llegando a convocar una manifestación que apenas reunió a centenar y medio de personas, con muy escasa presencia de vecinos del municipio, frente a la que organizó la plataforma creada a favor que congregó a muchos más.
Frente a los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente que generarían los dragados previstos para la zona de atraque y los canales de acceso de las embarcaciones, con la consiguiente afección a los fondos marinos, además del propio uso del puerto por la contaminación de las aguas con los combustibles alegados por los denunciantes, desde la consejería de Obras Públicas no solo se defiende la necesidad del puerto, sino que incluso se señala que su ejecución resultará beneficiosa ambientalmente al concentrar en la zona mas urbana de la villa las numerosas embarcaciones que ahora se encuentran fondeadas por diferentes puntos de la ría, en áreas de mucho más valor ecológico.
Una muestra de ello es que desde una asociación como es Adeac, que se encarga de conceder la prestigiosa Bandera Azul a las playas y puertos deportivos, entre los criterios de valoración para la concesión de estos galardones se incluye el evitar los fondeos de embarcaciones en áreas de praderas marinas, como inevitablemente se está realizando ahora en San Vicente, en donde se contabilizan cerca de 150 embarcaciones al no contar actualmente con zonas de amarres.
Desde el Gobierno se incide en que la ampliación del puerto tiene como principal objetivo dar servicio a los propios vecinos, muchos de ellos marineros jubilados, y no a barcos de lujo, como se evidencia en las características de los 272 nuevos amarres previstos de los que 137 serán para embarcaciones de hasta 6 metros de eslora; 65 para las de 8 metros; 51 para las de 10 metros; y 19 para las que alcancen hasta los 12 metros.
Los barquereños, en los diferentes actos de apoyo, han calificado como de vital importancia la ejecución de este proyecto para el futuro del municipio y especialmente para seguir siendo el principal puerto entre Santander y Gijón al ser el que reúne las mejores condiciones naturales para ser el necesario puerto refugio que requiere esa amplia franja de costa. En concreto el presidente de los empresarios barquereño, Manuel Boo, siempre ha defendido la importante repercusión económica que supondría la nueva infraestructura portuaria para San Vicente y todo su entorno, señalando que «los nuevos atraques demandarán servicios y puestos de trabajo directa o indirectamente. La hostelería y el comercio y, por consiguiente, el municipio en general aumentará sus fuentes de riqueza contribuyendo para la mejora de la economía de toda la comarca».
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