La regularización de un taller de cerámica enfrenta a los concejales de Ruiloba

Las opiniones de unos y otros con respecto a este asunto van en direcciones opuestas, como así quedó de manifiesto en el último Pleno. La sesión se alargó durante más de cinco horas y la alcaldesa llamó a la Guardia Civil para evitar posibles enfrentamientos, después de prohibir que el público accediera al salón de plenos alegando limitaciones de aforo. Tras la sesión plenaria, los ceramistas afectados y los ediles de la corporación municipal acordaron celebrar una nueva reunión para acercar posturas. El equipo de gobierno quiere solucionar con rapidez este asunto, ya que pretende que el proyecto del nuevo centro médico opte a la subvención de los fondos europeos para paliar las pérdidas del covid.

La alcaldesa expuso que lo primero que hice fue «proponerles a los monitores la alternativa de montar el taller en su vivienda», situada en otra ubicación. Aunque ellos no parecían estar convencidos del todo, desde el Ayuntamiento se iniciaron los trámites con el Gobierno de Cantabria para obtener la licencia para impartir el taller en su domicilio. Más allá de eso, la regionalista insiste en que el inmueble «lleva cuarenta años siendo utilizado de forma irregular, ya que los actuales usuarios no pagan alquiler o servicios como agua y luz». «Tenemos que hacer una valoración completa del edificio y regularizar la situación», argumentó. Y aunque la alcaldesa insiste en que no es un desahucio, el Ayuntamiento envió una carta a los ceramistas el pasado mes de marzo en la que invitaba a los afectados a presentar alegaciones en el plazo de diez días «para justificar el título que le acredite titular de la propiedad». En el segundo punto de la carta se advierte al interesado de que «en caso de que no medie contestación en el plazo fijado, el Ayuntamiento procederá a ejercitar la acción de desahucio, fundamentada en el carácter gratuito o precario de la ocupación».

Los afectados aseguran que las alegaciones que han presentado no han sido tenidas en cuenta. Desde la oposición opinan que el proceso de regularizar la cesión «es legítimo, pero no a costa de un desahucio», señaló la concejala no adscrita de Cs, Mar Bielva. La edil señaló que a los afectados «apenas les quedan cuatro años para jubilarse». Portilla insistió en que no busca perjudicarles, «sino el beneficio de los vecinos del pueblo de Ruiloba».