Ruiloba aprueba iniciar el proceso para intentar paralizar la concentración parcelaria

La escena de ayer en el pleno de Ruiloba fue como un 'déjà vu', pero con matices. Los ahora concejales en el gobierno local repitieron la operación llevada a cabo el pasado mes de abril desde la bancada de la oposición, cuando votaron a favor de suspender cautelarmente los trabajos que se habían iniciado de la concentración parcelaria. Lo hicieron en desacuerdo con la entonces alcaldesa, Sara Portilla, quien declaró «nulo» el acuerdo, amparándose en que el Ayuntamiento no es el órgano competente para ir contra el decreto. Llevaba razón Portilla. Por eso, el socialista Julio Pinna, que ayer volvió a la carga desde su nueva posición de regidor, dejó claro en la sesión que «vamos a comenzar el proceso para anular el decreto de la concentración, pero no sabemos si lo conseguiremos». Dependerá, dijeron los concejales, «del Consejo de Estado». Mientras, eso sí, la parcelaria está parada.

Para tomar esta decisión, los ahora gestores municipales se amparan en que el proyecto se estaba realizando «en base a un modelo caducado y obsoleto del año 1989, sin tener en cuenta ni a los actuales propietarios de estas fincas ni la regulación existente al respecto». Por su parte, la regionalista recordó, primero, que la secretaria municipal «emitió en su momento un informe desfavorable sobre la aprobación de anular el decreto que se llevó a cabo en abril». Y, segundo, que «bastaría con revisar las bases que se establecieron hace treinta años y continuar con un proyecto que beneficia a los vecinos, además de que así no se perdería la inversión regional».

El planteamiento de la exregidora fue duramente cuestionado por el equipo de gobierno, desde donde informaron de «que los propietarios han presentado multitud de alegaciones en contra de la concentración parcelaria, muchas de las cuales no han sido resueltas», esgrimió la primera teniente de alcalde, María Eugenia Martínez (PP).

Valiéndose de su mayoría en el gobierno, la coalición sacó adelante a su vez una moción para modificar el proyecto de construcción de la senda peatonal que une el barrio de la Iglesia con Ruilobuca y cuyas obras dieron comienzo en la anterior legislatura. La intención del gobierno es que la senda «no atraviese el barrio de la Iglesia, lo que generaría problemas de seguridad vial con los peatones». Por eso, plantean que se aproveche un camino empedrado ya existente a la izquierda de la iglesia «por el que se llega al Ayuntamiento, sin necesidad de continuar con la senda». Pinna le recordó a su predecesora en el cargo que el anterior planteamiento «implicaba expropiar fincas sin ni siquiera preguntar a los vecinos». Portilla le preguntó al del PSOE por varias resoluciones judiciales y solicitó «tener acceso a los expedientes y a la sede electrónica», algo con lo que hasta ahora afirma que no ha contado.