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Hablar en San Vicente de la Barquera del Miramar es hacerlo del que ha sido a lo largo del último siglo y medio uno ... de los principales referentes del turismo de la villa marinera. También para muchos vecinos, el lugar en el que celebrar sus eventos familiares. De ahí el interés que ha despertado entre los ciudadanos el proyecto urbanístico que se prevé desarrollar en las instalaciones, sin actividad desde 2019, lo que supondrá el final definitivo de esta parte de la historia de San Vicente.
Una historia que data del año 1875, cuando Juan Velarde del Barrio construyó seis chalés aprovechando la incipiente moda de los baños de ola. Eran conocidos como 'Los hotelitos de Don Juan' y los alquilaban familias adineradas de Madrid durante los meses de verano. No fue hasta 1955 cuando el empresario barquereño Juanjo Noriega convirtió uno de aquellos chalés en restaurante ante el despegue del turismo en la villa. Unos años más tarde, en 1971, Noriega construyó el Hotel Miramar, que en su momento dio alojamiento a las más destacadas personalidades del mundo de la política, la cultura y el espectáculo en España. La cosa iría tan bien que a comienzos de los años 90 levantaría el segundo de los hoteles Miramar.
Ahora el nombre del Miramar está asociado al desarrollo de un importante proyecto urbanístico que, desde que comenzó a dar los primeros pasos en su tramitación, se ha encontrado con múltiples problemas y acuerdos plenarios contradictorios. Los dos hoteles no han vuelto a abrir sus puertas desde 2019, primero por la pandemia y luego porque fueron vendidos a la empresa Casabriz SL.
A partir de ese momento, comenzó a fraguarse un proyecto que, por lo que ha trascendido hasta el momento, contempla el derribo de los dos establecimientos hoteleros y la construcción alrededor de un centenar de viviendas de alto standing. Todo, en el privilegiado lugar que han ocupado hasta ahora los hoteles y los terrenos anexos, que cuentan con espectaculares vistas. El espacio afectado por el proyecto es suelo urbano desde el antiguo planeamiento urbanístico de San Vicente, que corresponde al año 1983, calificación que fue ratificada en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 2015, que está plenamente en vigor.
Son muchos los que consideran que debería haberse modificado la calificación del terreno para establecer limitaciones, especialmente en la zona donde se encuentran los antiguos hoteles Miramar, ya que son la joya de la corona del proyecto, tanto por su ubicación como por su historia y su diseño. Si nos atenemos a la normativa, se permite el derribo de los edificios y su cambio de uso a residencial. Los gestores políticos que tomaron la decisión no se imaginaban entonces que «algún día se plantearía una propuesta que contemplara el derribo del complejo hotelero», tal y como reconoció en un Pleno el exalcalde y actual primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de San Vicente Julián Vélez.
El político del PP recordó que la aprobación del Plan General en 2015 fue «un hito» porque se logró el «apoyo unánime de toda la Corporación (PP, PSOE y PRC)», después de los problemas que hubo que superar. Por supuesto, «contó con los informes favorables de todos los organismos implicados». Entre ellos, de la Demarcación de Costas del Gobierno de Cantabria. La misma que ahora ha cuestionado el proceso burocrático.
El problema en la tramitación surgió porque, al afectar a un área especial, desde el Ayuntamiento de San Vicente se solicitó a la promotora la presentación de un estudio de detalle, con el objetivo de conocer las rasantes y alineaciones de la futura urbanización, un paso que no era estrictamente necesario. Sin embargo, la aprobación de dicho estudio en sesión plenaria sin contar con el informe preceptivo de Costas, que en este caso sí era necesario, llevó a la posterior anulación del acuerdo. Sin embargo, en este nuevo trámite parece que no se dio audiencia a la parte afectada, es decir, a la promotora del proyecto, y hubo que volver a empezar. A esta situación, hay que añadir las dudas que han surgido en torno a la vigencia de lo aprobado por la Corporación. Cuestiones que serán respondidas en el informe que el Ayuntamiento ha solicitado al Consejo de Estado.
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Ana del Castillo
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