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Dejando a un lado algunas excepciones, la primera fase de la vacunación, que incluía la inmunización de las residencias de mayores de Cantabria, ya ha ... finalizado. El protocolo precisaba que la población que tenía que recibir las dosis de Pfizer eran tanto usuarios como trabajadores. ¿Esto incluye a los gestores de las residencias o a los patronos de las fundaciones que las gestionan? La Consejería de Sanidad dice que no y por eso ha abierto, tal y como adelantó la Cadena Ser, una investigación sobre la residencia Nuestra Señora del Carmen de Comillas para determinar si cometió alguna irregularidad.
Allí se vacunaron tres patronos de la fundación, entre los que se encuentran el exalcalde popular (1983-2003) de la villa, Pablo García Suárez, y el padre del actual portavoz municipal del PP. El asunto ha generado un gran revuelo en la localidad e incluso el equipo de Gobierno se plantea tomar acciones legales si esa investigación del departamento que dirige Miguel Rodríguez concluye que algo se hizo mal.
Nadie de la Consejería de Sanidad se ha puesto en contacto con ellos, según apuntan desde la residencia. Preguntados por este asunto, ayer, sus responsables no quisieron hacer declaraciones más allá de subrayar que todo se hizo siguiendo el protocolo. La semana pasada, cuando este periódico se puso en contacto con su directora, Cristina García, confirmó que las personas aludidas se habían puesto las dosis (el 14 de enero y el 8 de febrero), como el resto de trabajadores y usuarios, pero lo enmarcaba dentro de la normalidad.
Afirma que sólo cumplieron órdenes del Servicio Cántabro de Salud. «Nos dijeron que teníamos que incluir a todo el mundo que entre, y estas personas están aquí de forma constante. Vienen a firmar contratos, a supervisar algunas pequeñas obras...», insistían desde la residencia el pasado viernes, cuando la alcaldesa de la localidad, la regionalista Teresa Noceda, anunció al final de un pleno que había recibido llamadas de vecinos que alertaban de posibles irregularidades.
García reconoce que estas tres personas no son estrictamente trabajadores del centro, pero sí pasan muchas horas a la semana en las dependencias: «La peluquera que viene no es trabajadora nuestra pero también se vacunó porque era lo que nos dijo Sanidad. Y la podóloga no recibió aquí la dosis porque ya se la habían dado en otro centro previamente. Si no, también».
En cualquier caso, en la residencia Nuestra Señora del Carmen recuerdan que en el listado que enviaron a Sanidad antes de la cita para recibir las vacunas aparecía el nombre y cargo de todos los inscritos. Por eso creen que la polémica tiene un trasfondo puramente político. «Las residencias pasan una relación y el Gobierno destina las dosis entendiendo que son residentes o trabajadores. No podemos hacer una doble función de fiscalización para conocer quién es quién», aportaba ayer Pablo Zuloaga sobre estos hechos. El vicepresidente no quería adelantar escenarios, pero avanzó que, de confirmarse, sería algo «criticable y moralmente sancionable».
Desde la Asociación Lares, una de las patronales del sector, defienden la forma de proceder de la residencia de Comillas. «Los patronos están allí todos los días. Tienen una labor no remunerada, pero fundamental. No hay derecho a que se nos utilice así», opina su presidenta, Gema de la Concha, que lamenta que el Ayuntamiento ponga el foco en este tema cuando «en un año tan difícil no se ha preocupado de preguntar si necesitaban algo para atender a los usuarios».
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