Santillana teme que la sentencia del Supremo dispare la edificabilidad en el casco histórico

El Tribunal Supremo ha denegado al Ayuntamiento de Santillana del Mar que presente un nuevo peritaje para establecer otra indemnización distinta de los tres millones de euros que se ha estimado que deberían pagarse a Caja Cantabria por los perjuicios ocasionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En contra de las pretensiones municipales, se tendrá que permitir el aumento de la edificabilidad en el entorno de la finca del Palacio de Benamejí del 0,02 al 0,2 por ciento, algo que la Crotu ya aprobó en el mes de octubre y que la Corporación considera que «sentará jurisprudencia y provocará que otros vecinos también puedan construir en similares condiciones en el casco histórico de la villa», señala el portavoz del Partido Popular, Agustín García.

El primer teniente de alcalde, Ángel Rodríguez, se ha mostrado disconforme con dicha situación. «No estamos de acuerdo, pero cuando viene un juez...», comenta, al tiempo que considera que el Ayuntamiento se encuentra «indefenso».

«La sentencia dice que o les da la volumetría o tienes que pagar tres millones; el siguiente paso es llevarlo a Pleno para ver si vamos a permitirlo, si se va a pagar o igual se vuelve a mandar al juzgado», explica Rodríguez, aunque añade que «se tendrá que hacer lo que los servicios jurídicos manden». Además, el concejal defiende que en todo caso la culpa no es del Ayuntamiento, «porque quien ha defendido el caso ha sido el Gobierno de Cantabria, no el Ayuntamiento».

Precisamente por eso se ha llegado a un acuerdo con los grupos de la oposición de Santillana del Mar (PP yPRC), pues como apunta Rodríguez «la defensa de esto la llevó el Ejecutivo del PP sin avisar al Ayuntamiento de Santillana». Por alusiones, la postura de García es, en armonía con la de los demás grupos de la Corporación, que «habiendo realizado ese peritaje el Supremo, un perito independiente debería decir en qué está valorado eso».

La sorpresa ha llegado, según comenta, cuando «la Crotu, de su mano mayor y sin contar con el Ayuntamiento ni con nadie, ha aprobado la modificación del Plan General de Santillana y le ha dado la edificabilidad del 0,2 por ciento, algo que hemos conocido porque venía en la resolución de la alcaldía». Esto supone, según indica García, que la edificabilidad de esa finca va a ser de diez veces más, «y tiene un proyecto para un hotel de lujo y una urbanización de lujo, que no quiere decir que lo vaya a desarrollar, pero hay un anteproyecto».

De ahí la pregunta:«¿Qué va a pasar con el resto de vecinos que viven en Santillana y también tienen huerta? ¿Hay que cambiar la edificabilidad? Porque va a haber agravio comparativo».

En la misma línea, el portavoz regionalista en el Ayuntamiento, Javier González, opina que «esto conlleva que todas las huertas que hay dentro del casco histórico puedan hacer lo que les dé la gana». En definitiva, la modificación puntual en el plan urbanístico de Santillana, a juicio de González, no solo «es importante», sino que «a nivel urbanístico es una bomba».