El TSJC clausura de forma cautelar un campo de golf en San Vicente de la Barquera

En una sentencia a la que ha tenido acceso El Diario Montañés y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso estima parcialmente el recurso de Ecologistas en Acción contra un auto del Juzgado de lo Contencioso Nº3, que rechazó una serie de medidas cautelares que solicitó el citado colectivo.

En un escrito remitido al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera en marzo de 2021, Ecologistas en Acción denunció una serie de obras, usos y actividades realizadas en suelo rústico, parte de especial protección, y alertó de que la construcción del citado complejo afectaba al medio ambiente. Se trataba de la edificación de «varios inmuebles, pistas de tenis, piscinas, estanques y un campo de golf» y la construcción de «varios lagos artificiales mediante perforación de subsuelo, obteniendo agua sin permiso alguno» y haciendo «un uso abusivo» de la misma.

En ese escrito se instaba al Consistorio barquereño a abrir un expediente de disciplina urbanística y a paralizar las obras que se estaban llevando a cabo «sin licencia». También pedían que se decretase la «clausura inmediata» de la actividad «al no tener permiso» ni autorización ambiental. Pero el Ayuntamiento no atendió las peticiones del colectivo y simplemente tramitó un expediente de restauración de la legalidad urbanística por la totalidad de las obras, lo que llevó a Ecologistas en Acción a acudir a los tribunales.

A la espera de que se resuelva la demanda que presentó, la Sala de lo Contencioso ha aceptado parte de las medidas cautelares que solicitaba la asociación, como la paralización de las obras y la clausura de las instalaciones. Lo que no ha aceptado el tribunal es la petición de precinto del complejo y la suspensión de los suministros básicos, «ya que son medidas desproporcionadas».

Dicho esto, la Sala da un tirón de orejas al Ayuntamiento barquereño puesto que su «inactividad» y el «no avanzar y resolver» el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística y no suspender las obras y la actividad «es perfectamente susceptible de detraerse al control de los tribunales contencioso administrativos».

El tribunal aprecia que la «pasividad» del Consistorio permite el uso privado de unas instalaciones y la realización de unas obras y una actividad deportiva «que no consta tengan las licencias y autorizaciones pertinentes». Uso privado este que debe claudicar, según la Sala, ante el interés general en la protección medioambiental, «que se ve seriamente comprometido cuando se han realizado y se están realizando obras y llevado a cabo actividades en suelo rústico sin que la Administración, ante la instancia de una persona jurídica asociativa, haya verificado que cuenta con las preceptivas licencias y autorizaciones».

Para la Sala, no solo se ha dejado de dar prevalencia al interés general de protección del medio ambiente frente a actuaciones particulares en suelo rústico −pero también de protección especial agropecuario− «sino que se ha ignorado una actuación ilegal desarrollada, ayuna de un mínimo control administrativo».