El TSJC ordena la paralización cautelar de las obras del puerto deportivo de San Vicente

La decisión del alto tribunal cántabro responde a una denuncia de Ecologistas en Acción, uno de los colectivos que integran la Plataforma contra el Superpuerto promovido por el Gobierno de Cantabria. Sin embargo, la resolución cuenta con el voto particular de la magistrada Esther Castanedo García, que considera que sería preciso fijar una caución o garantía -una especie de fianza- a la que condicionar la efectividad de la medida cautelar, bien fijando unas bases para su determinación -dando incluso traslado a las partes para alegaciones- bien fijándolas directamente a tanto alzado.

El TSJC atiende de esta manera la petición de la agrupación ecologista, ante la posibilidad de que el daño que produzcan las obras sea irreparable cuando finalice la denuncia contra el proyecto. Asume su petición y dictamina su paralización temporal para evitar esos perjuicios.

Las alegaciones presentadas por los ecologistas se centraban en que la infraestructura se construye sobre un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), las 'Rías Occidentales y Dunas de Oyambre', área que también fue declarado Zona de Especial Conservación, además de sobre terrenos integrados en el Plan de Ordenación del Parque Natural de Oyambre. Así, aunque el Ejecutivo regional consideró en la Declaración de Impacto Ambiental que no se producían afecciones, el TSJC precisa que esto no supone «sin más» la viabilidad ambiental del proyecto.

«El que la Declaración de Impacto Ambiental no se oponga a la realización del proyecto y el informe sobredicho sea favorable, no significa que debamos, sin más, concluir que no concurre el presupuesto de la medida cautelar pretendida por la actora«, señala la sala en el auto que recoge E. Press.

Por su parte, la Plataforma señala en un comunicado que este hecho, «reiterado hasta la saciedad a las autoridades, es clave», dado que, a su juicio, «el Gobierno no está haciendo su labor de forma adecuada y con garantías plenas». «Ni siquiera desde un punto de vista racional se sustenta la construcción de este superpuerto, de casi 300 amarres y la inversión de 6 millones de euros«, denuncia la agrupación que, como alternativa, plantea la ampliación hasta 80 amarres y que parte del presupuesto se dedicara a desarrollar un pequeño polígono de servicios para las actividades locales de los barquereños.

En cuanto al auto, en el mismo se enumeran distintos efectos sobre el medio ambiente, como los dragados para la zona de atraque y los canales de acceso de las embarcaciones, con la consiguiente afección a los fondos marinos, además del propio uso del puerto, que puede causar la contaminación de las aguas con los combustibles.

Se remite además a un informe en el que se advierte de que el proyecto «destruye» dos hábitats de interés comunitario, cuestión que desde la plataforma denunciante han mantenido a lo largo de todo el proceso y que una de las organizaciones miembro, Izquierda Unida de Cantabria, ya presentó en el Parlamento Europeo.

Por tanto, al considerarse que tendría consecuencias sobre el medio ambiente, y ante el «riesgo» de otros perjuicios, el TSJC opta por paralizar las obras hasta que se decida si estos efectos cumplen o no la Ley.

«La evidencia que la Declaración de Impacto Ambiental y demás informes permiten afirmar de la afectación del proyecto a los valores ambientales protegidos mediante la constitución del LIC y el ZEC, unida a que esa afectación, podemos considerar a efectos cautelares y sin prejuzgar el fondo, se concreta en daños relevantes e inmediatos (desaparición de los hábitats referidos) y en un riesgo cierto de otros años (el proveniente de las alteraciones consecuentes a los dragados y el peligro de la contaminación de las aguas) permiten aseverar la concurrencia del presupuesto de la tutela cautelar (el peligro de la mora)«, argumenta el TSJC.

«Cosa distinta -prosigue el auto- es que esos riesgos y perjuicios sean jurídicamente asumibles y no determinen anulación de la resolución recurrida. Pero esto es cuestión de fondo que no cabe resolver ahora, ni siquiera anticipar».

De su lado, la Plataforma contra el Superpuerto lamenta que «en lugar de actuar con rigor y esperar a la acción de la Justicia» la Consejería de Obras Públicas «se ha embarcado en una huida hacia adelante que ahora se topa con esta paralización».

Por su parte, Izquierda Unida de Cantabria ha anunciado en un comunicado que volverá a pedir al Parlamento Europeo que se posicione en relación al puerto.

La coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, ha mostrado su «alegría» al conocer el auto judicial, debido a que la paralización da «veracidad al relato» de la plataforma, que «siempre ha buscado el desarrollo local de San Vicente de forma respetuosa con el medio y que ofrezca garantías sociales a sus habitantes».

Pese a las alternativas propuestas tanto por el colectivo como por IU a través de Martín Chaves, concejal de Obras, Servicios, Medio Ambiente y Medio Rural en el Ayuntamiento barquereño en la pasada legislatura, el Gobierno regional y el resto de partidos de la Corporación local de entonces -PP, PRC y PSOE-, «no mostraron ni una sola pega al proyecto del puerto que ahora los tribunales han paralizado».