Val de San Vicente pide apoyo regional para abrir su piscina

Así, le ha planteado la situación a la consejera de Deportes, Eva Guillermina Fernández, en una reunión mantenida recientemente ,y lo expondrá también en el encuentro que mantendrá con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. «A la consejera le he recordado que tenemos una piscina comarcal cerrada y he pedido colaboración por parte del Gobierno de Cantabria, para que junto al Ayuntamiento podamos firmar un convenio y con algún municipio más abramos la infraestructura».

Además, el regidor confía en recibir el apoyo, en base al programa electoral del PP de Val de San Vicente, que aseguraba que se desarrollaría junto con el Gobierno regional y los ayuntamientos colindantes un plan de viabilidad para abrir la piscina. «Eso se lo he recordado a la consejera y se lo voy a recordar al Gobierno de Cantabria para que lo que dijeron en campaña electoral se cumpla», explica Escobedo, que argumenta que en la anterior legislatura, se estaba tramitando el asunto junto a la Consejería de Deportes y la de Economía, ambas del PSOE, como la suya.

«Tendría todo el sentido del mundo, porque más justificado que poder dotar de un servicio a una comarca rural que por sí sola no podría...», expone el regidor, que insiste en que, dado el presupuesto necesario para la apertura y la puesta en funcionamiento, «es necesario que el Gobierno de Cantabria entre a colaborar». Además, defiende el alcalde que el servicio que se estaría prestando estaría dirigido a toda la comarca. «Tenemos ayuntamientos a muy poca distancia que podrían disfrutar de esta piscina».

Por otro lado, el consorcio de piscinas, en el que está integrada esta de Val de San Vicente sigue sin tener confirmación del Gobierno regional sobre si asumirá la ultima anualidad del pago de la construcción. En el caso de Val de San Vicente, 349.500 euros. «Desde los ayuntamientos, lo que hicimos fue adelantar el último pago y ahora en lo que estamos es en que el Gobierno de Cantabria nos haga a nosotros ese abono». Los anteriores gobiernos regionales se comprometieron a asumir el coste de la ejecución, dividido en varias anualidades.