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La nueva batalla de los vecinos de Serdio (Val de San Vicente) contra la demolición del puente sobre las vías del tren en el barrio de Sel del Rey se saldó con un dúmper de los operarios encargados de la obra embistiendo dos vehículos de ... la Guardia Civil conducido por el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Carlos Hevia, oriundo del citado barrio y familiar directo de los ganaderos de la casa más cercana y principales afectados por el posible derribo de la infraestructura.
Fue un momento de gran tensión. En torno a las siete de la mañana, y tras varios enfrentamientos verbales, los vecinos, acalorados, exigieron a los guardias civiles que retiraran los coches que cortaban el tráfico para que otro vecino, también familiar de Hevia, que se disponía a acudir al Hospital Valdecilla para recibir un tratamiento médico pudiera pasar. Minutos antes, el hermano de este hombre que acudía a Valdecilla no pudo retirar su vehículo para ir a trabajar y tuvo que marcharse a pie. Ante la negativa de los agentes, el edil se tomó la justicia por su mano
«!Nos han cogido una máquina de las nuestras!», exclamó al darse cuenta uno de los trabajadores preparados para recoger los escombros una vez estuviera derribada la estructura. Y seguidamente, irrumpió el concejal en la escena y tras recorrer unos metros, se llevó por delante dos coches de la Guardia Civil. El primero de ellos, quedó estampado contra la marquesina del autobús y el otro, apartado de la vía. El concejal, que fue detenido horas después, quiso matizar que el motivo principal de su arranque fue provocado por la imposibilidad de su convecino de salir en coche para acceder al servicio médico.
Hevia ha sido desde un primer momento el edil más manifiestamente reivindicativo con el tema del puente y de hecho, promovió la primera concentración para protestar por el inminente derribo, así como la elaboración de una moción por parte de los grupos de la oposición de Val de San Vicente, que fue aprobada por unanimidad, para que el propio Ayuntamiento elaborase un proyecto, a más tardar, en el mes de junio para hacerse cargo de su reposición si nadie lo hacía antes.
La firme intención de demoler el paso, que da servicio a numerosos vecinos del municipio y especialmente a los de las casas aledañas que tienen terrenos a ambos lados de la vía, había sido anunciada recientemente por Adif al presentar el puente un avanzado estado de deterioro. Pero los vecinos, que llevan años reivindicando una solución, exigen que haya un compromiso de reposición con plazos concretos antes de llevar a cabo el derribo. Por ello, ya se plantaron en el puente en un primer intento de derribo el 11 de junio, al día siguiente de que, con los mismos argumentos, se hubiese derribado otro puente en Los Tánagos (Pesués), también en Val de San Vicente, de cuya restitución hasta ahora nadie se ha hecho responsable.
Pasada la primera batalla contra el derribo del puente de Sel del Rey, en la que los operarios se retiraron sin una explicación sobre si volverían, los vecinos estaban pendientes de que se pudiera repetir la situación. Como la otra vez, en esta ocasión, tampoco tuvieron aviso de cuándo sería, lo dedujeron por el trasiego de maquinaria por la zona en la jornada previa. Y lo que no se esperaban es que la demolición se preparara para las seis de la mañana. Desde pasadas las cinco, a oscuras, y bajo la persistente lluvia, los agentes y el propietario de la ganadería más cercana al puente, Pedro Sañudo, se encararon varias veces. Y según iban acercándose vecinos a la zona, hasta alcanzar la veintena aproximadamente, la tensión fue creciendo.
El alcalde, Roberto Escobedo (PSOE), llegó al lugar en torno a las ocho y media de la mañana y fue increpado por los vecinos, quienes le habían telefoneado en plena disputa para insistir en que debería estar allí, con ellos. Como en el anterior intento de derribo de este puente y en la demolición del de Los Tánagos, el regidor justificó que no había recibido una notificación oficial sobre el momento exacto en el que se llevarían a cabo los trabajos. No obstante, Escobedo, si bien consideró que «las reivindicaciones deben hacerse pacíficamente», alabó que los vecinos «defiendan una causa que creen justa», como aseguró que él también está haciendo con diversas gestiones tendentes a reponer el puente. «No puede llegar Adif, como ha hecho hoy, con un nuevo intento, sin preocuparse lo más mínimo por lo que va a pasar después», censuró.
El portavoz del grupo Regionalista, Marcos Castro, criticó que «no deja de ser todo el tema una dejadez por parte del Ayuntamiento, por no haber actuado en tiempo para que esto no ocurra porque se ha dejado mucho y se debería haber gestionado primero porque no es que el puente esté mal este año, sino que lleva así puede que cincuenta años». Por su parte, desde Izquierda Unida, el portavoz, Alfonso Sánchez, mostró su apoyo a los vecinos afectados, así como las medidas que ponen en práctica «para defender su tierra y su modo de vida contra la empresa pública Adif, que utiliza técnicas mafiosas con nocturnidad y alevosía y tiene el trazado y las instalaciones en Val de San Vicente sin mantener». Además mandó un mensaje de ánimo al portavoz popular, «vecino y compañero», aunque manifestó entender también «las funciones de la Guardia Civil».
Precisamente, el Secretario General de Guardias Civiles de Cantabria (Unión GC), Javier Nodar, también se pronunció. Lo hizo para mostrar el «total apoyo» de la Asociación «a los compañeros que estaban allí desde primera hora, que eran muy pocos». Aunque el final de la mañana se juntaron diez patrullas, empezaron siendo seis efectivos, que fueron pidiendo refuerzos. Nodar también exigió «responsabilidades políticas», por un lado del propio concejal, y por otro, de la Delegación del Gobierno, ya que «la delegada es la máxima responsable». En definitiva, se quejó «por una mala planificación de la Jefatura de la Comandancia». «¿Por qué solo había seis guardias cuando se podían haber previsto incidentes», cuestionó.
Por la tarde, Adif emitió una nota en la que calificaba de «insostenible» la situación del puente que debe demolerse por su estado «ruinoso». La empresa ferroviaria manifiesta su disposición a resolver el «bloqueo» por la vía del diálogo e insiste en que se trata de un paso «en estado ruinoso con riesgo de colapso inminente», que supone un peligro tanto para la seguridad ferroviaria como para la de los vecinos de la localidad, según «ha quedado acreditado» por las inspecciones y peritajes realizados.
Recuerda que desde Adif se ha trabajado durante los últimos meses en la búsqueda de soluciones para esta situación, y la Corporación municipal está trabajando ya en la redacción del presupuesto de un nuevo paso sobre las vías y comenzar los trámites para la tramitación del proyecto.
En este sentido, asegura que las dos administraciones «mantienen su compromiso» de cara a resolver la situación con el fin de garantizar la seguridad del tráfico ferroviario y de los vecinos.
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