San Vicente deberá afrontar los 2,2 millones que cuesta demoler la urbanización Santa Marina

Así lo ha dictado recientemente la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ha dado al Consistorio barquereño un plazo de un mes para hacer frente a dicho pago, plazo que sin embargo no podrá cumplir al no tener contemplado en sus presupuestos el abono de dicha cantidad, por lo que a través de un escrito le ha comunicado al Tribunal el inicio de un expediente de modificación de crédito para poder hacerlo efectivo, trámite que previsiblemente lo retrasará hasta el próximo mes de mayo.

En esta ocasión, el Tribunal en su auto le deja bien claro al alcalde que es el responsable directo del cumplimiento de esta obligación ya que, en caso contrario, «se le podrán exigir las otras consecuencias coercitivas del incumplimiento, como la imposición de multas o librar testimonio al Ministerio Fiscal por si la falta de colaboración pudiera ser calificada de desobediencia a efectos penales». Además el Tribunal también le pide el Ayuntamiento barquereño que nombre un director facultativo de la obra y un coordinador de seguridad y salud, así como trasladar al Parque Natural de Oyambre toda la documentación del proyecto para que emita el preceptivo informe favorable, pasos que también ya se han comenzado a dar, según ha informado ayer el Consistorio de San Vicente.

El necesario informe favorable por parte del órgano gestor del Parque Natural de Oyambre, así como el de otros organismos implicados, como son la Confederación Hidrográfica del Norte y la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), obligará a retrasar el inicio de los trabajos de la demolición dictada, proceso que va en paralelo con el que viene realizando el Ayuntamiento de San Vicente para legalizar las obras ejecutadas en su momento al amparo de las normas urbanísticas aprobadas en el año 1999 que fueron posteriormente anuladas por los tribunales.

En concreto ese proceso para intentar llegar a la legalización total de esas obras ha ido dando diferentes pasos que se iniciaron con la aprobación en agosto del año 2015 del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de San Vicente, que contempla de nuevo el suelo urbanizable de Santa Marina, aprobando en agosto del año 2017 el proyecto de urbanización ya existente. Además recientemente, en la Junta de Gobierno Local del pasado día 28 de enero, se han aprobado inicialmente los estatutos y bases de actuación para constituir la Junta de Compensación del Suelo Urbanizable de Santa Marina por parte de una entidad promotora.

El alcalde de San Vicente de la Barquera, Dionisio Luguera (PSOE), recalcó en la mañana de ayer el trabajo que viene realizando el equipo de gobierno para cumplir con los autos judiciales y seguir trabajando para legalizar unas obras, cumpliendo para ello todos los trámites y pasos necesarios, de acuerdo con los informes técnicos y jurídicos.

Luguera ha recordado que este es un proceso que viene «de muy largo» y que confía en resolverlo favorablemente, tranquilizando a los barquereños en que el abono inicial de la cantidad solicitada de los 2.248.092 euros no afectará al normal funcionamiento del Ayuntamiento, gracias a los remanentes de tesorería del consistorio desde hace ya muchos años.