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Lejos de contar con el servicio que esperaban cuando se anunció la construcción de la piscina cubierta de Pesués, los vecinos de Val de San Vicente, ocho años después de la finalización de las obras, siguen pagando los platos rotos de los compromisos obviados. ... Si bien el año pasado desde el Ayuntamiento se habían presupuestado 12.000 euros para el Consorcio de Infraestructuras y finalmente no fue necesario ingresar nada de dinero, para este ejercicio, el Consistorio ha destinado en sus presupuestos la misma cantidad, en base a las estimaciones realizadas. «Algún año hemos tenido que pagar 12.000 euros, igual que otros, hemos pagado 6.000», reconoce el alcalde del municipio, Roberto Escobedo (PSOE), refiriéndose a los gastos derivados del funcionamiento de la citada entidad.
Esos gastos fueron los únicos que acordaron asumir los ayuntamientos cuando el Gobierno regional se comprometió a construir y gestionar las piscinas que se instalarían también en Colindres, Ribamontán al Mar, Marina de Cudeyo, Torrelavega y más tarde en Suances. Finamente, aparte de la de Val de San Vicente, sólo se construyeron las piscinas de Colindres y Ribamontán al Mar, que ya están en funcionamiento.
El citado consorcio estará en vigor hasta que se acometa el pago completo de la obra finalmente realizada, que salda el Gobierno de Cantabria en anualidades. Como ha habido años sin que se recibiera el ingreso del Ejecutivo, saldar la deuda se ha demorado más de lo previsto, pero se calcula que concluya en 2023, cuando desde el Consorcio prevén que se pueda disolver la agrupación.
Las cantidades presupuestadas por el Consorcio se concretan, entre otros, en gastos de secretaria e interventora, programa informático de contabilidad, papelería, y uno especialmente importante y variable: abogados. Son asumidos por los miembros de pleno derecho que ahora mismo son cuatro de los ayuntamientos citados, a partes iguales.
Esto grava especialmente al municipio que no ha abierto su piscina, pues Val de San Vicente, con un presupuesto acorde a su población, mucho menor a la de los demás, debe ingresar un porcentaje más alto. «Las nuevas reglas del juego nos perjudicaron más que a los otros ayuntamientos», lamentó el alcalde, que recuerda el momento en que con el cambio de siglas en el Gobierno regional se rompió el compromiso de asumir la gestión de la piscina.
Ahora, con menos de 3.000 habitantes y la competencia que le pueden hacer las piscinas de Cabezón de la Sal y Llanes, en una y otra dirección, a la hora de atraer usuarios de municipios colindantes, desde el Ayuntamiento se descarta la apertura de la infraestructura si no se consigue ninguna aportación ajena. No obstante, el regidor confía en que «llegará un día en que podamos abrir la piscina. Pero no quiero engañar a nadie: Solos no podemos».
Teniendo presente que se hubiese podido abrir con las condiciones del compromiso inicial del Gobierno regional, Escobedo asegura que se siguen realizando gestiones con el Ejecutivo, pero, al mismo tiempo, «trabajando sobre varias opciones». En concreto, en ocasiones se ha mencionado la «comarcalización» del servicio, que consistiría en contar con el apoyo de ayuntamientos vecinos, como pueden ser el de San Vicente de la Barquera y Ribadedeva (Asturias). No obstante, el alcalde expone que «con la pandemia se ha paralizado todo» y este tipo de negociaciones no se han llevado a cabo.
Desde la oposición de Val de San Vicente, el Partido Popular ha criticado durante toda la legislatura la gestión de este asunto y como afirmó en el pleno de presupuestos el portavoz, Carlos Hevia, «desde que PRC y PSOE firmaron el convenio, para lo único que ha servido es para gastar todos estos años 12.000 euros del Presupuesto del Ayuntamiento en mantener un ente público que no sirve para nada como es el Consorcio de Infraestructuras».
Por su parte, el portavoz del PRC, Marcos Castro, lamentó que «es una pena que se estén destinando anualmente esos fondos para un proyecto que no está funcionando como consecuencia de la política rancia entre PP y PSOE» El regionalista se cuestionó «de quién es la culpa». «¿Del gobierno municipal socialista por plantear un proyecto que igual no era el más idóneo para el municipio o del PP en el Ejecutivo regional por retirar los fondos de la subvención».
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