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Vecinos afectados por las sentencias de derribo de las viviendas de Liencres (Piélagos) han solicitado este miércoles una reunión con la consejera de Obras Públicas y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Jezabel Morán, con el fin de aclarar la situación actual de las familias y ... de cara a hacer un seguimiento de la situación, debido al estado en el que se encuentra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.
En una nota de prensa, el portavoz de los afectados de Liencres, Didier Fleury, tildó de «muy necesario» este encuentro con la titular del área, dado que el PGOU de Pielagos «está terminado al 100%», dijo, con la memoria ambiental realizada. Por ello, Fleury lamentó que se esté produciendo esta «demora» en la finalización del planeamiento en este periodo de elecciones.
Según explicó Fleury, «hace más de un año, el consejero de Obras Públicas y Urbanismo, José Luis Gochicoa, reunió a las familias de las casas afectadas y anunció a bombo y platillo que el plan General de Piélagos iba a salir antes del verano 2022 y que con toda seguridad legalizaría todas las viviendas excepto 17, las cuales sabemos los afectados y nuestros abogados que estas precisan de un trámite adicional para conseguir su regularización, dado que se encuentran situadas injustamente en la zona de 100 metros de protección de Costas».
Por todo ello, el portavoz de los afectados exigió que «se nos aclare urgentemente esta situación» debido a «los terribles daños morales actuales de los afectados» y también «con el fin de evitar una gasto de decenas de millones de euros que el Gobierno y el Ayuntamiento de Pielagos plantea desembolsar de los impuestos de todos los cántabros».
En los últimos meses, los vecinos afectados de Liencres no han recibido buenas noticias por parte de las administraciones. El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Piélagos sacó a licitación la obra de demolición de las veintiún viviendas unifamiliares ubicadas en la urbanización L-05 y hace escasos días, en otro punto de la localidad, en la urbanización Calas del Norte, la empresa Gesvicán comenzó a tapiar algunas de las cinco viviendas que ya habían firmado el convenio por el que entregaban las llaves de sus casas para evitar la entrada de okupas y garantizar que la demolición se podría ejecutar.
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