El Alto del Cuco: el antes y el después de un fiasco urbanístico que supuso a Piélagos 3,7 millones

La alcaldesa en funciones, Verónica Samperio, se congratuló de que, por fin, el municipio haya «finiquitado» toda la deuda que tenía con el Gobierno de Cantabria para hacer frente a la ejecución de la sentencia del Alto del Cuco. También se mostró satisfecha de que, con ello, se haya cerrado un capítulo negro –y mediático– del desarrollo urbanístico del municipio.

La reclamación a Fadesa, formulada a través del juzgado de lo Mercantil número 1 de La Coruña, se sustenta en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) del 30 de noviembre de 2020, en la que se atribuyó a la empresa toda la responsabilidad por la 'mordida' a la montaña y el desarrollo del Plan Parcial y urbanístico que se llevó a cabo. Un fallo que, además, eximía a la Administración de dicha responsabilidad, ya que ni siquiera se le podía atribuir «concurrencia de culpas».

Cabe recordar que la causa en cuestión lo entendió así porque la empresa reclamaba daños y perjuicios y nada menos que 89 millones de euros por este concepto al Ayuntamiento de Piélagos. La sala desestimó la petición de la empresa, para descanso de la Administración, ya que tal esa cifra hubiera significado la quiebra técnica para un Ayuntamiento con un presupuesto anual de unos 19 millones.

La argumentación de la sala fue la principal motivación para que el Consistorio interpusiera la reclamación, que se conoce jurídicamente como una demanda de incidente concursal en reconocimiento de crédito. Una manera con la que Piélagos trataría de encontrar amparo en los tribunales y que sea la empresa la que afronte el dinero que se ha desembolsado para arreglar el desastre urbanístico.

Otro de los trámites que a consecuencia de todo lo ocurrido está por cerrarse es la inclusión del suelo como de especial protección dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La medida, que blinda el terreno frente a posibles desarrollos futuros, está proyectada en el PGOU, documento al que todavía le falta tramitación para llegar a su aprobación definitiva. El nuevo planeamiento es clave para otros asuntos de quizá incluso mayor calado, como son las sentencias de derribo sobre las viviendas ilegales construidas en Liencres. Allí, las casas sí tenían –y algunas todavía tienen– tanto propietarios como inquilinos; familias que asentaron un hogar en un lugar que terminó siendo su peor pesadilla.