Aplazado 'in extremis' el desalojo de una familia en Piélagos

La orden de desalojo afectaba a los cinco miembros de una familia -Daniel y su esposa, Ana, que sufre una discapacidad permanente del 48%, sus dos hijas, que tienen 26 y 21 años de edad, y su nieta, de apenas 20 meses- que en 2018 ocuparon una vivienda unifamiliar ubicada en una urbanización de Boo de Piélagos y cuya propiedad corresponde en la actualidad a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

«Nosotros vinimos a vivir aquí hace tres años porque no teníamos donde ir», explica Daniel, que relata las difíciles circunstancias económicas en que sobrevive la familia.

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«Mi mujer y yo nos quedamos sin trabajo, ella porque enfermó y quedó incapacitada y yo porque la empresa de transportes que me contrató acabó cerrando, así que vivimos con una prestación de 450 euros». Ese dinero, dice apesadumbrado el hombre, «no nos da para pagar un alquiler», de manera que, en 2018, «pues no nos quedó más remedio que meternos a vivir aquí». Desde entonces, afirma Daniel, todo han sido problemas.

El pasado mes de mayo, el Juzgado emitió una primera orden de lanzamiento contra el matrimonio que fue suspendida el mismo día de la ejecución al atender el tribunal un recurso presentado por la Plataforma Stop Desahucios, que asiste a la familia. «Aquel desalojo era bastante dudoso», explica Mazorra, que recuerda que el día 4 de agosto se prorrogaba hasta el 31 de octubre la suspensión de desalojos de familias vulnerables.

«Y este también lo es», interpreta el asesor legal de la familia, que ayer consiguió evitar -otra vez en el último momento, y de nuevo con la Guardia Civil apostada a la puerta de la casa- un desalojo que tarde o temprano se va a acabar produciendo. «Sí, lo sabemos», acepta Daniel, que pide una solución urgente a su problema y al de su familia. «Un trabajo, un alquiler social... Lo que sea que nos ayude a salir adelante», implora.