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El Pleno extraordinario de Piélagos sacó adelante este sábado la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) gracias al apoyo único del PP que, con el uso de su mayoría absoluta, no necesitó del respaldo del resto de grupos y avanzó en una tramitación que pusieron en marcha Corporaciones anteriores. El documento, 'heredado' del tripartito (PSOE-PRC-AVIP), contó con el voto en contra del PSOE y Alternativa Vecinal Independiente de Piélagos, pese a la petición por parte del alcalde, Carlos Caramés, de que todos apoyaran un planeamiento, una «criatura» -calificó- que es «suya» y que lo hicieran por «responsabilidad y coherencia». Los grupos PRC y Vox se abstuvieron.
En lineas generales, la contraposición al planeamiento por parte de la oposición se basó en un documento que se prevé pondrá «restricciones» para el desarrollo y a la falta de transparencia. Una postura que también adoptan ahora las formaciones que antes se habían encargado de encarrillar el PGOU en su etapa dentro del gobierno.
Por su parte, el PSOE no quiso tomar la palabra durante el turno de intervenciones, pero su líder, Verónica Samperio, se reservó para dar la aclaración del voto socialista después de las votaciones. Así, la exregidora aseguró que la última modificación del planeamiento se entregó en abril, «a quince días de las elecciones» y que, en ese momento, el gobierno local que ella presidía decidió que era la nueva Corporación la que debía estudiar la documentación y actuar como considerara oportuno. «Este plan no tiene nada que ver con la aprobación inicial de 2018», porque «la memoria ambiental lo cambia» y lo recoge ahora «supone un perjuicio para los vecinos». «Si vamos a votar tenemos que saber».
Mucho más extendida fue la explicación que dio después a través de una nota de prensa. En ella, Samperio acusó al PP de ser «prisionero de sus mentiras», por aprobar un PGOU «que perjudica a los vecinos». «Aprobar este PGOU es una temeridad y una irresponsabilidad, supone perjudicar a la ciudadanía de Piélagos y es contrario a nuestro modelo urbanístico», expuso la socialista en su comunicado.
Para Samperio, esta última versión del PGOU, junto con la respuesta a unas 600 alegaciones, realizada por el equipo redactor, se aprueba ahora por el PP, que da «todo por bueno y por propio», «sin siquiera haberlo leído, como reconocen el alcalde y todos los concejales del PP». Ahora, «por culpa del PP, Piélagos se queda sin voz sobre su urbanismo, pues la aprobación definitiva corresponde al Gobierno de Cantabria».
En concreto, el PSOE habla del perjuicio a la ciudadanía en base a que este PGOU «adapta una memoria ambiental que ha destrozado el trabajo que se realizó de manera conjunta durante cuatro años por el equipo redactor, los técnicos del Ayuntamiento y de la Dirección General de Urbanismo. Una memoria ambiental redactada por una técnico del Gobierno de Cantabria que nunca quiso informarse sobre ese trabajo y que implica, básicamente, que buena parte de los suelos rústicos pasan a tener protecciones especiales, de manera indiscriminada, injustificada y mostrando un desconocimiento absoluto de la realidad de Piélagos, y elimina varios sectores de suelo urbanizable en distintos pueblos». El PP «ha aprobado el PGOU sin que los técnicos del Ayuntamiento hayan informado sobre las nocivas implicaciones económicas y jurídicas que tiene para el municipio, y que desde el PSOE iremos estudiando y denunciando».
«El PP ha estado cuatro años difundiendo la mentira de que teníamos el PGOU en un cajón». Ahora, «prisionero de esas mentiras, el PP aprueba un PGOU que perjudica a la ciudadanía de Piélagos y deja al Ayuntamiento sin voz ni voto sobre su propio urbanismo. Frente a eso, lo sensato era estudiar en profundidad el documento entre todos los grupos municipales, esperar a que los nuevos responsables de urbanismo del Gobierno de Cantabria asumieran sus funciones e intentar consensuar con ellos una nueva memoria ambiental desde el respeto a la ley y a la realidad de Piélagos», sentenció el PSOE en su nota de prensa.
En el Pleno, sí se explicaron el resto de grupos. La portavoz del PRC, Susana Iglesias, basó su abstención en que el PGOU tiene planteamientos «restrictivos» que pueden afectar a los vecinos y calificó de «temeridad» que el PP, como ha llegado a reconocer, tenga «pocos elementos de juicio sobre el plan».
Por su parte, el portavoz de Alternativa Vecinal Independiente (AVIP), Luis Antonio Sañudo, explicó que los cambios que se han practicado en el PGOU son de «mucho calado» y que, además, este documento «restringe los posibles usos de los suelos de Piélagos», por lo que propuso dejarlo sobre la mesa.
Más escueto fue el líder de Vox, Francisco Manuel Gutiérrez, que aseguró que esta aprobación llega «muy precipitada» y apenas no ha habido tiempo de estudiarla tras la comisión.
De su lado, el portavoz del PP, Marco Antonio Pelayo, hizo una cronología detallada de los trámites que ha sufrido el PGOU, que han implicado el transcurso de treinta años, en un intento por dejar claro que Piélagos no puede seguir con un documento tan «obsoleto». Así, explicó que el primer plan se aprobó en 1972, se revisó en 1986, se subsanó 1989 y se aprobó finalmente en 1993, año a partir del cuál sigue a día de hoy en vigor.
La siguiente modificación llegó en 2003, lo que se traduce -dijo- en que el municipio lleva tramitando su nuevo planeamiento desde hace veinte años. En los primeros doce años, dijo, lo más relevante que le ocurrió fue la aprobación del Plan del litoral, que alteró mucho el PGOU; luego vino la ley de Cantabria de evaluación ambiental, lo que «probablemente» nos lleva «mucho más tiempo».
Fue en 2015, cuando se aprobó inicialmente el PGOU y «por unanimidad». En agosto de 2017, llegó el nuevo equipo redactor, que lo cambió y resolvió las más de 1.000 alegaciones presentadas. Tras la siguiente aprobación, en 2018, se abrió un nuevo periodo de información pública, en las que se presentaron 576 alegaciones que el equipo redactor tramitó y el equipo de gobierno aceptó. Tras la emisión en junio de 2020 de la memoria ambiental por parte de la CROTU, se ha trabajado en ello. «Lo único que se ha aportado al expediente son los informes técnicos municipales» que dicen que hay que «seguir adelante» en la tramitación.
El 13 de marzo de 2023, «por requerimiento de la alcaldesa» se subsanaron una serie de errores, para así resolver las elegaciones de manera definitiva y seguir con el procedimiento. Y hasta ese momento, añadió Pelayo, «siempre se ha aprobado por unanimidad».
«Es un ejercicio de responsabilidad, de transparencia, traerlo hoy a Pleno», porque el documento se remitirá a la Crotu que será la que tendrá que decidir si aprobarlo o que vuelva a exposición pública, indicó el portavoz del PP.
Por otro lado, Pelayo aseguró que las 576 alegaciones presentadas en 2018 aún no han tenido respuesta y que, con este trámite sí van a poder recibirla. De todas ellas, dijo, se han desestimado «de cada tres, dos». De las otras, 170 se han estimado favorablemente y 40, lo han hecho también, pero parcialmente.
«Lo más probable es que por seguridad jurídica vuelva a salir a exposición púbica», por lo que, «se dará a la gente la oportunidad de volver a alegar». «El PP apoyó el trabajo de los redactores y no vamos a cambiar el criterio; el Piélagos de 2023, con más de veinte mil habitantes, necesita un nuevo plan».
El alcalde, Carlos Caramés, tomó la palabra para solicitar antes de la votación el apoyo de todos los grupos porque, dijo, «Piélagos no se puede permitir el trauma de estar otros diez o quince años sin una norma urbanística adaptada a los nuevos tiempos. Sería un caos para el desarrollo social y económico y una fuente constante de problemas para los vecinos». Por eso, dijo, «es un ejercicio de responsabilidad».
Y explicó que lo es porque la sostenibilidad es el eje central de este nuevo PGOU. Como anécdota citó que si a día de hoy un constructor quisiera construir en el Alto del Cuco, la ley vigente de 1993, lo ampararía». Y «habría que darle licencia, porque así lo contempla el plan». Sin embargo, aclaró, «el nuevo plan ya contempla que en ese sitio no se puede».
Además, Caramés puso otro tema sobre la mesa: los derribos. A su juicio, el PGOU abre «al menos una vía de legalización para algunas viviendas con sentencia de derribo» y «muchos propietarios podrían solicitar un nuevo trámite de solicitud de licencia y recibir el amparo de los juzgados para regularizar». Es, dijo, el mismo camino que ha seguido Argoños.
«No es el plan que nosotros hubiésemos hecho, lo hemos dicho cientos de veces, porque creemos que tiene deficiencias en temas de movilidad, pero siempre hemos votado a favor conscientes que necesitamos cierta estabilidad», aclaró Caramés.
Por eso, el alcalde del PP aseguró que «no tiene sentido que ustedes no lo apoyen, porque ustedes lo conocen perfectamente, incluyendo la memoria ambiental, que condiciona el resultado final de lo que se puede hacer y lo que no». Dicho documento, «es de obligado cumplimiento» y lo «aprobaron PSOE y PRC», de lo que «nunca se han quejado». «Si lo han tenido en el cajón, tendrán que explicarlo. Esta criatura es suya. No tiene sentido abstenerse», sentenció el regidor.
Pero sí que lo hicieron PRC y Vox. PSOE y AVIP votaron en contra, aunque su postura es solo eso, frente a la mayoría de los 13 concejales que obstenta el PP.
El Pleno extraordinario de este sábado también abordó la modificación inicial de la ordenanza reguladora de las licencias urbanístics de obra menor, para la simplicación y reducción de los trámites que deben realizar los vecinos. Esta medida salió adelante con el voto a favor del PP, PRC y Vox y la abstención de PSOE y AVIP.
Además, el PP acordó -con el voto en contra de PSOE, PRC y AVIP y la abstención de VOX- la delegación de atribuciones del Pleno a la Junta de Gobierno Local, una medida que trata de «agilizar» el funcionamiento interno, según aclaró el portavoz del PP.
También se dio luz verde a la autorización de permuta y desafección de un camino existente en Renedo -gracias al voto a favor de PP, PRC y AVIP- y el expediente de convalidación de gastos realizados en el ejercicio corriente prescindiendo del procedimiento establecido y cuyos vicios son de naturaleza convalidable. En este último caso, el voto del PP lo sacó adelante -PSOE, PRC y AVIP votaron en contra y Vox se abstuvo-.
«Son facturas de este ejercicio, pero de la anterior legislatura, de otro equipo de gobierno, se traen a Pleno o la Junta de Gobierno Local porque se ha omitido la función interventora», puntualizó Pelayo.
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