El Ayuntamiento de Piélagos vuelve a requerir la clausura de la cantera de Laherrán

El Ayuntamiento de Piélagos ha emitido una resolución a través del concejal de Urbanismo, Marco Antonio Pelayo, en la que se informa de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander ha desestimado el recurso presentado por la empresa Laherrán que gestiona la cantera de Piélagos, contra la resolución del 8 de diciembre de 2023, que ordenaba el cierre de la actividad. Continúa así un nuevo capítulo de la judicialización de un tema que lleva dando de qué hablar varios años.

La cuestión de si la empresa que gestiona los recursos de la cantera de Arce debe cesar su actividad por estar trabajando de forma irregular ha generado multitud de procesos judiciales y varias sentencias. En la última, según el Consistorio, se entiende que «no existe impedimento procesal para la ejecución de los acuerdos adoptados por resolución de Alcaldía de fecha 25 de febrero de 2016», en la que se ordenaba el cierre de la cantera. Así las cosas, el Ayuntamiento vuelve a ordenar «la clausura efectiva de la actividad de molienda y clasificación de áridos». Además, en el documento, se informa de que se va a «apercibir al interesado de que el cumplimiento del precepto anterior dará lugar al precinto inmediato de la instalación, previa autorización judicial de entrada a domicilio». Además, la Administración local concede a la promotora un plazo de 24 horas a contar desde que reciba la notificación.

Paralelamente a este proceso, los vecinos de la zona han dirigido un escrito al alcalde, Carlos Caramés, y al jefe de la Policía Local en el que manifiestan que a 10 de diciembre la molienda estaba «en funcionamiento», actividad que debía estar paralizada, al igual que la cantera –dicen– desde la resolución del 3 de noviembre de 2023, que declaraba la actividad «clandestina e ilegal». Los afectados aluden a sucesivas resoluciones judiciales que «han denegado las medidas cautelares a la cantera y la molienda» y exigen al Consistorio que cumpla con su obligación «o el equipo jurídico tomará las medidas que sean necesarias contra las personas que no ejecutan las órdenes judiciales».

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