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Es un barrio triste en un lugar precioso. Demasiado silencio. Un vecindario escaso. «Vivir, vivir, pocos», explica Cristina con los brazos apoyados en la puerta de acceso a la finca. La que da a una calle salpicada por cuatro coches aparcados en las aceras que termina con una vista idílica de la playa. No es porque las casas no estén bien. Todo lo contrario. «Cuatro habitaciones, tres baños, un salón de algo más de treinta metros cuadrados... Tienen planta baja y superior y están adosadas de dos en dos por el garaje», explica Hortensio. Los chalés tienen en realidad una pinta increíble. Ese no es el problema. Lo que ocurre es que estas casas de Cerrias están en el corredor de la muerte desde hace veinte años. Sentencia de derribo incumplida por ahora y condena en vida que sí cumplen cada día los que las compraron de buena fe. Y más desde ayer. Todos leyeron en el periódico que el Ayuntamiento de Piélagos ha propuesto a los tribunales empezar a tirar las 39 viviendas ilegales de la zona por 17 de las que se encuentran en primera línea de costa. Con plazos concretos. Muy cortos, porque ya no pueden demorarlo. Trece meses para formalizar el expediente de contratación de los derribos de esas 17 y un calendario con cinco años máximo en el horizonte para completar la tarea sin dejar al Consistorio en cueros. O sea, poco más de un año para la casa de Cristina Peña y como un lustro para la de Hortensio Salazar.
39 viviendas en total cuentan con una sentencia de derribo en Cerrias, en el municipio de Piélagos.
«Mira, yo en la situación en la que estoy, si no me la van a dejar en pie, que la tiren ya. Que sea lo antes posible». Desesperación. En ella se palpa el desánimo. «Te vas dejando el dinero en abogados. Y las ilusiones. En la otra legislatura nos dijeron que se había llegado a un acuerdo, contratas a un abogado para que lo arregle todo y luego se quedó en nada. Otra vez igual». El cuento de la buena pipa. El que no acaba nunca.
Cristina vive desde el principio, desde que se construyó la urbanización. Barrio La Caseta, número 16. De su fila, una de las tres casas incluidas entre las 17 que caerán primero. Las tres primeras si se empieza a contar desde el mar hacia atrás. Esas tres –según explican por el barrio–, otras tres de cada una de las filas que tiene delante y detrás, una más –espectacular, de ladrillo claro, como un castillo– que hay un poco más adelante y las siete de la urbanización que hay más al fondo. Desde Portio, donde ayer andaban recogiendo caloca, se ve perfecto la línea de edificaciones. Justo enfrente. Playa frente a playa. «Yo no sé ni cuales son las primeras 17, pero la mía seguro que está entre ellas», dice Cristina.
«Hay mucha gente que se ha ido. Que no aguantaba más. Y otros han caído por el camino. Infartos, historias... Esto es mucha tensión». Pocos «nativos» –así llama a los que están desde el primer día, a los que han aguantado–. Alquilados, segunda residencia... Hay , incluso, alguna casa en la zona –la que tiene más pinta de abandonada, con el jardín descuidado y la puerta del garaje oxidada– que es de un banco, dicen.
Cristina Peña | vecina de la caseta
¿Y qué pensó ayer cuando se enteró de la noticia, del plazo? «Lo leí en el periódico. No sé... Esto es como cuando te encuentras con un animal que le han dado palos y palos. Que ya parece que se inmuniza. Me imagino que, por lo menos, me avisen con tiempo».
Ni siquiera hace mención a la última esperanza. El Ayuntamiento confía en que la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, en trámites, llegue a tiempo para salvar las casas, ya que sería la única vía para su posible legalización. Aquí, por el vecindario, lo que se dice, es que para las 17 primeras es muy difícil que llegue a tiempo. Para el resto –la de Hortensio, por ejemplo, en el número 7 de la misma urbanización– igual sí es un salvavidas. Pero todo está por ver. Tiempos exactos, indemnizaciones, movimientos de última hora...
Hortensio salazar | vecino de la caseta
La suya es una historia curiosa. Nacido en un pequeño pueblo de Burgos, vivió durante décadas en Miranda de Ebro, hasta que le prejubilaron en su trabajo. Estaba casado con una santanderina y pensaron, entonces, pasar el resto de su vida aquí. Un lugar tranquilo, una vida en paz. Miraron casas por Somo, «pero mi hijo me dijo que mejor por aquí, que, en caso de cualquier problema, que ya te vas haciendo mayor, estaba más a mano de hospitales, del súper...». Le pareció bien. Vieron esto y les gustó. Y preguntaron si había algún problema. «Fuimos al Ayuntamiento y nos dijeron que todo bien (habla de los tiempos de Pacheco como alcalde). Al Registro y lo mismo».
De los rumores de una denuncia, ni rastro. Todo en orden. «¿Tú crees que si hubiera algún problema hubiera cerrado un arquitecto que se va a comprar una casa allí al lado un crédito de 155 millones?». Eso le dijeron en el banco. Casi veinte años después sigue pagando los recibos de la hipoteca por una propiedad que no vale nada y en la que se dejó lo que había sacado por vender la de Miranda. «Eso –dice señalando la vivienda– vale cero euros. Nadie quiere comprar algo así. Porque nosotros le tenemos que decir a todo el mundo, por supuesto, que tiene una sentencia de derribo. Yo tengo mi patrimonio congelado aquí». Y hay más. No es sólo seguir pagando. Ni siquiera que resulte imposible venderlo. Tampoco la incertidumbre (que sí). Por no poder, no ha podido ni liquidar los acuerdos con la que era su mujer, de la que se divorció hace doce años. «Es que a mí ni siquiera me ha llegado una notificación ni nada. Ninguna». Un drama. «En esta fila vivimos a diario cuatro». Compartiendo vecindario y preocupación. «Me ha quedado un desasosiego que para qué. Si supieras las lloreras que tengo encima... Aquí está todo el trabajo de mi vida. Vivimos destrozados, en un sinvivir». Tanto que, a menudo, tiene que irse unos días. Cada vez que aparece algo nuevo, «porque estás aquí y sientes que estás en la noticia, que vives metido en ella, en la espada de Damocles». Se marcha a su pueblo. A donde sea. El lunes mismo volvía de viaje y «esto fue lo primero de lo que nos enteramos al bajar del avión».
«Revilla nos metió en esta embarcada», dice (achaca al actual presidente de Cantabria la firma de autorizaciones en su etapa como consejero y tuvo con él un diálogo que no le gustó en una de las manifestaciones convocadas por las víctimas de derribos). «Compradores de buena fe», según la declaración de los tribunales. Hortensio lo recuerda antes de darse la vuelta para volver a entrar en su chalé. En su hogar. Sufridores en casa.
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Daniel Martínez | Santander
José Luis Sánchez Noriega | Santander
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