La Fiscalía pide 13 años de cárcel para los dos acusados del crimen de Boo de Piélagos

Según ha podido saber El Diario Montañés, la Fiscalía solicita una pena de 13 años de cárcel para los dos acusados, Ángel R. C. y Rubén G. A., a los que considera autores de un delito de homicidio doloso (castigado con entre 10 y 15 años). Por su parte, la acusación particular reclama 12 años y medio por el mismo delito y 3.000 euros de multa (diez meses a razón de diez euros diarios) por un delito de omisión del deber de socorro. Ahora tendrán que ser las defensas las que presenten sus escritos y el instructor del caso, el titular del Juzgado de Instrucción Nº4 de Santander, Luis Enrique García, estará en disposición de remitir la causa a la Audiencia Provincial, encargada del juicio mediante el procedimiento de tribunal del jurado.

El suceso tuvo lugar sobre las siete de la mañana del pasado 3 de febrero, sábado, en el apeadero de Boo, donde se bajaron los acusados y la víctima después de una breve discusión dentro del tren, procedente de Santander, minutos antes. Ya fuera del convoy se produjo una agresión conjunta durante la cual los dos procesados propinaron puñetazos y patadas al chico de Polanco, hasta arrojarle a las vías del tren, donde falleció.

El pasado mes de junio, en una comparecencia convocada por el juez para que las partes personadas concretasen qué delitos imputaban a los procesados, la Fiscalía retiró el delito de omisión del deber de socorro a los dos investigados por la muerte de Carlos Cubillas y les imputó a ambos un delito de homicidio al entender que actuaron de forma concertada en la paliza, según testigos presenciales.

Por su parte, el instructor decidió transformar las diligencias previas en un procedimiento del tribunal del jurado tras conocer el informe de autopsia del fallecido, que la causa de la muerte del joven «fue el impacto que se le produjo al ser arrojado a la vía por los dos investigados». Según recogió en un auto, «la consecuencia de la caída a la vía es la muerte y el comportamiento posterior de los investigados, abandonando a su suerte a la víctima en la vía, no permite afirmar en términos indiciarios que dicha muerte pueda ser accidental, sino violenta y de etiología homicida».

Tras repasar algunas de las manifestaciones realizadas por dos testigos de los hechos, el magistrado llegó a la conclusión de que «no puede descartarse la existencia de un delito contra la vida del artículo 138 del Código Penal (homicidio)». Así, «existe una actuación previa conjunta por parte de ambos investigados tendente a atentar al menos contra la integridad física de la víctima, que en un momento determinado se convierte, o puede convertirse, en una acción de etiología homicida, tanto por la saña empleada en la agresión como por el comportamiento posterior».

Junto a ello, el instructor consideró que la atribución del delito se realiza a los dos investigados «con independencia de quien de los dos materialmente propinara la patada o ejecutara el acto que causó la muerte a la víctima (arrojarle a la vía)». Finalmente, señaló que «cuando la víctima acaba en la vía ninguno de los dos investigados intenta socorrerle y retirarle de un lugar objetivamente peligroso, procediendo a abandonar el lugar, lo que, añadidamente, configura un delito del artículo 195 del C. P. (omisión del deber de socorro), también competencia del tribunal del jurado».