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La pala no ha llegado todavía. Ni siquiera se puede prever con exactitud cuando lo hará. Pero la imagen de dos de las diecisiete viviendas de Calas del Norte y Cerrias (Liencres) con sentencia de derribo es ya la de la crónica de una ... muerte anunciada, la que desde hace décadas sufren los afectados de esta zona al norte de Piélagos. Después de que ambos propietarios hayan firmado el convenio y recibido la tasación, lo que fue su hogar ha dejado de serlo. Está vacío y pertenece al Gobierno de Cantabria. Y Gesvicán, empresa de titularidad pública, ha hecho lo que podía hacer para evitar que se cuelen okupas: convertirlas en búnkeres con ventanas y puertas blindadas por una tapia de ladrillos. Es, a modo de garantía, la manera de asegurar que, llegado el momento, se ejecute la demolición.
Gesvicán procedió el viernes al tapiado de dos de las cinco viviendas de Calas del Norte cuyos propietarios firmaron el convenio con el Ejecutivo regional, lo que supone, en suma, aceptar la tasación que le corresponde a la vivienda y al terreno y entregar las llaves. Se trata, en definitiva, de una compraventa de estos inmuebles. De una compensación económica al perder sus casas, pero, en ningún caso, de una indemnización por deshacerse de la vivienda que un día compraron legalmente, pero luego una sentencia y un cambio en el deslinde convirtió en lo contrario.
En opinión del portavoz de los afectados de Calas del Norte, Cerrias I y II, Didier Fleury, se trata de un «expolio» a las familias, que resulta «inaceptable» y supone un «drama social» y «el mayor fracaso de la Consejería de Obras Públicas». A su juicio, el Gobierno de Cantabria «ha usado el desgaste emocional para que se firme; prácticamente se ha presionado con que, si no se aceptaba el convenio, se iba a pagar mucho menos y las familias que han accedido no pueden más».
Didier Fleury
Portavoz de los afectados
Para el representante de los vecinos, el Ejecutivo regional «conocía la situación que veníamos padeciendo desde hace dos décadas y no ha querido solucionarlo», al haber «herramientas desde Madrid que se podrían haber utilizado, como ya ha ocurrido en otras comunidades». Sin embargo, en lugar de sacar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la salida es «pagar un gasto desorbitado, en lugar de garantizar una seguridad jurídica y encontrar una solución». Fleury asegura que, por si fuera poco, ha habido un «error» en la contratación de la demolición, porque «se pretendía romper la humanización de las viviendas, esto es, incluir las vías de luz y de gas» y, por eso, «hemos presentado la incidencia en los juzgados y este pasado viernes se ha admitido a trámite», lo que significaría volver a empezar de cero.
«Desde el inicio, el mismo presidente de Cantabria que está hoy, no puede decir que no estuviera al corriente. Es la primera vez en esta tierra que se echa a la gente de su casa siendo esta su primera vivienda», reprocha. No obstante, Fleury advierte de que «no todas las familias se van a plegar» y que las dos que quedan en Calas del Norte pendientes de la firma del convenio no lo harán.
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