A la espera de que los tribunales den el visto bueno a la nueva propuesta de demolición de viviendas en Cantabria, la Consejería de Obras Públicas ha remitido ya a los propietarios de las 17 viviendas de la Urbanización Cerrias I de Liencres (Piélagos), que ... están condenadas a la piqueta, los convenios de responsabilidad patrimonial en los que realiza una valoración preliminar de las casas, en concepto de indemnización, abriendo un plazo de diez días por si los afectados desean presentar alegaciones.
En dichos expedientes, a los que ha tenido acceso El Diario Montañés, Obras Públicas señala, por un lado, que en el documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos -pendiente de aprobación provisional por el Ayuntamiento- no existe ninguna previsión específica sobre la legalización de las 17 viviendas afectadas por la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. No obstante, algunos propietarios «van a pelear la legalización».
Por otro, apunta que, por parte del Gobierno regional, «no consta disponibilidad de viviendas construidas con superficies y calidades similares a las que serían objeto de demolición, ni terrenos susceptibles de urbanización y construcción de dichas viviendas de sustitución, ya sea en las proximidades de la unidad de ejecución L-01 o en el municipio de Piélagos u otro cercano».
Obras Públicas informa a los afectados de que recientemente ha trasladado a los órganos judiciales un nuevo documento actualizado de propuesta de plan sobre ejecución de las sentencias que aparejan órdenes de demolición de viviendas en Cantabria, suscrito con los ayuntamientos afectados el pasado 28 de mayo de 2020.
En el caso de las 17 viviendas de Cerrias se propone iniciar los trámites para la demolición de los 6 chalés incluidos en la zona de 100 metros desde la línea de deslinde, afectadas por las limitaciones de servidumbre de protección de costas, previa indemnización a los propietarios.
Respecto al resto de la urbanización, una vez se tramite y apruebe la revisión del PGOU y a la vista de la ordenación prevista que clasifica el suelo como urbano con 11 viviendas -que se corresponde con las que existen fuera de la zona de servidumbre de Costas-, el Gobierno cántabro propone, con el visto bueno de los tribunales, intentar evitar su derribo tramitando la solicitud de licencias (fueron anuladas por el Supremo) a la vista de la «nueva realidad jurídica».
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