El Juzgado rechaza la reclamación millonaria de Fadesa y Piélagos respira

El grupo promotor, que en 2008 protagonizó el mayor concurso de acreedores de la historia y está en situación de liquidación, reclamó al Ayuntamiento una indemnización de 68 millones de euros, cuatro veces el presupuesto anual del municipio, como responsable patrimonial del fiasco urbanístico. La demanda judicial se produjo después de que el Consistorio rechazara responsabilidad alguna, en base a un dictamen del Consejo de Estado que hacía recaer toda la responsabilidad en la sociedad mercantil.

La vista preliminar judicial se celebró el pasado mes de noviembre, con las declaraciones de testigos e informes de los peritos, y ahora la juez Ana Rosa Araújo Rugama ha dictado sentencia, en la que desestima el recurso de Martinsa-Fadesa, a la que impone el pago de las costas judiciales, limitadas a la cantidad de 1.500 euros. La resolución judicial, que puede recurrirse ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, concluye que el Plan Parcial del Alto del Cuco, cuya anulación posterior afectó a las licencias de obras concedidas posteriormente, fue presentado por Fadesa, quien, a pesar de que sabía que la asociación ecologista ARCA lo recurrió en los tribunales, «continuó con la tramitación hasta dar comienzo a la ejecución de las obras, desmontando la ladera afectada y oponiéndose hasta en dos ocasiones a la medida cautelar» de suspensión del plan urbanístico que amparaba las obras en cuestión. Además, la juez mantiene que los datos del informe de impacto ambiental que presentó Fadesa «de forma interesada» no se corresponden con la realidad analizada. Por eso estima que los daños deben ser soportados por la mercantil.

La magistrada comparte las conclusiones del Consejo de Estado, en el sentido de que el Plan Parcial presentado por Fadesa para edificar en el Alto del Cuco «atenta directamente contra el paisaje», vulnerando varios artículos de la Ley del Suelo, según señalaron los tribunales cántabros. La Sala de lo Contencioso Administrativo anuló el Plan Parcial en 2007 porque la construcción suponía «la ruptura de la armonía del paisaje, en un entorno natural rural necesitado de protección», como es el monte Picota, que forma parte del entorno paisajístico de los montes de Liencres.

Subraya además que el tipo de edificación elegida por la promotora, de varias alturas sobre la ladera del monte, fue lo que provocó la nulidad posterior del Plan, y el hecho de que fuera aprobado posteriormente por el Ayuntamiento «no significa que la responsabilidad sea suya».

El órgano consultivo y la juez estiman que «tras la formulación del Plan Parcial se encuentra una actividad empresarial legítima que ha optado por un desarrollo urbanístico particular», pero establecen que la empresa corrió un «riesgo» que ahora debe asumir. A su juicio, la concesión de las licencias municipales basadas en ese plan «no permite imputar» al Ayuntamiento la «originaria responsabilidad del redactor del Plan Parcial».

La sentencia se refiere también en una cuestión no menor. Y es que el Plan fue recurrido por ARCA nada más ser aprobado en marzo de 2003, tras lo cual la empresa desmontó la ladera, urbanizó y edificó la zona a pesar de que la validez del Plan Parcial pendía de una resolución judicial y vendió las viviendas edificadas, quizá «con la esperanza de llegar a una situación de hechos consumados que no se acomoda a la buena fe». El Gobierno de Cantabria llegó a solicitar la suspensión cautelar del Plan Parcial recurrido, a lo que no se opuso el Ayuntamiento pero sí Fadesa. Por todas estas razones, la juez rechaza la demanda y sostiene que el único responsable del fracaso urbanístico fue la propia promotora.

Las 214 viviendas en estructura que ejecutaron ilegalmente fueron demolidas en julio del año pasado, en cumplimiento de la sentencia que ordenaba la restauración del terreno a su estado original. En tan sólo dos meses los bloques se convirtieron en 88.750 metros cúbicos de ruinas. El coste de la operación, 3,7 millones, fue asumido por el Ayuntamiento, que a su vez reclamó a Fadesa la cantidad desembolsada. Pero sin éxito porque la Sala de lo Contencioso Administrativo consideró que el obligado a llevar a cabo la demolición de las edificaciones y restauración del terreno del Alto del Cuco era el Ayuntamiento.