«Lucharé porque a cambio de mi casa en Cerrias me den otra similar»

Alexander Pérez, vecino desde hace 23 años de la urbanización y de origen alemán, es uno de estos dos propietarios que quedan por cerrar su salida de la propiedad. Ha presentado un recurso por un convenio «discriminatorio», ya que asegura que los políticos, desde la época del entonces consejero popular Javier Fernández, han venido prometiendo una vivienda a cambio de entregar la suya. Pero ahora, esa posibilidad dice que no se le ha puesto sobre la mesa. «Lucharé hasta el final porque me den una vivienda a cambio de esta y que sea similar», señala el propietario a las puertas de su casa.

Alexander tiene ahora 62 años y asegura que los afectados se han cansado de luchar. Que es normal porque hay mucho agotamiento psicológico. «Para mí el sueño americano no se ha cumplido», dice. En España, ese sueño al que aspiró desde otro país, se ha convertido en pesadilla. «Es mala suerte, pero también maldad. Porque creo que no hay voluntad de arreglar las normas urbanísticas para evitar que esto vuelva a suceder». Lo asegura mirando a su alrededor, a escaso un kilómetro de distancia, donde también se está construyendo una vivienda sin que tenga tampoco todos los servicios necesarios.

El inicio de la demolición de los cinco primeros chalés de Cerrias II, esa imagen de la cizalla derribando el tejado del número 38, se ha replicado en sus teléfonos incesantemente desde ayer. Y eso que a muchos les cogió fuera de Cantabria o incluso en el extranjero. «Los derribos me persiguen hasta intentando desconectar», dice una vecina de esta urbanización. Y a algunos, en la casa de al lado. Ninguno de ellos habla de que sea el final esperado, ni mucho menos que alivie esa mezcla de sentimientos entre frustración, rabia y tristeza que les ha acompañado en todo este tiempo.

«Es como si dijeran que vamos a meter a la cárcel a estos porque pasaban por allí», expresa Marian Santiago, vecina de Cerrias II, cuya vivienda también está afectada por orden de derribo, pero forma parte de otra promoción. Tiene, como muchos otros, la espada de Damocles encima. «Esto es una locura. Queremos acabar ya. Espero que no vuelvan a construir porque sería una tomadura de pelo», expresa.

No resulta fácil pasar página. Ni para los cinco propietarios que llegaron a un acuerdo con el Gobierno de Cantabria para entregar las casas que ahora se están derribando. «No hay dinero que lo pague», lamenta uno de ellos, sin querer pronunciarse más al respecto. No quiere hablar. Todo esto le lleva al pasado y eso es ahora incompatible con seguir intentando rehacer su vida, sin la presencia de sus seres queridos. Los que se marcharon sin poder cumplir su deseo de salvar su hogar. Su silencio y su historia reflejan un precio emocional altísimo, que continúa pasando factura.

En Calas del Norte, la cizalla ha entrado con contundencia porque la Justicia, tras la denuncia presentada por la asociación ecologista ARCA, anuló la licencia porque el suelo no cumplía los requisitos para ser urbano, independientemente de que esté cerca o lejos de la costa. De hecho, hay viviendas más próximas que son legales. Pero en el caso de Calas del Norte, no tenía servicios como agua, saneamiento o infraestructuras viarias.

Estas cinco casas que ahora se reducen a añicos para acatar la ejecución de la sentencia son las primeras de un municipio con nada menos que ochenta viviendas cuyas licencias fueron anuladas. Por llegar al detalle, en Cerrias II hay un total de veintidós viviendas sobre las que se ha declarado la nulidad de la licencia porque parte de la superficie de la parcela donde se proyecta la construcción no reunía los requisitos para ser clasificada como urbana. En Cerrias I, diecisiete, por falta de condición de urbano de los terrenos sobre los que se proyectó la construcción y por falta de publicación del Estudio de Detalle. En la L-05, otros veintiún chalés, también por no ostentar la condición de suelo urbano. Una situación similar la que llevó a un juez a anular la licencia de veinte viviendas de Entrelindes.