Piélagos adjudica la demolición de las 17 viviendas de Cerrias I

Hace algo más de un año, el Gobierno regional propuso iniciar los trámites para el derribo de los seis chalés incluidos en la zona de 100 metros desde la línea de deslinde, afectadas por las limitaciones de servidumbre de protección de costas, previa indemnización a los propietarios.

Respecto al resto de la urbanización, una vez se tramite y apruebe la revisión del PGOU (la alcaldesa dice que será «próximamente») y a la vista de la ordenación prevista que clasificaba el suelo como urbano con 11 viviendas -que se corresponde con las que existen fuera de la zona de servidumbre de Costas-, el Gobierno cántabro proponía, con el visto bueno de los tribunales, intentar evitar su derribo tramitando la solicitud de licencias (fueron anuladas por el Supremo) a la vista de la «nueva realidad jurídica».

Sin embargo, ahora no se contempla la legalización de esas viviendas, de ahí que Obras Públicas pretenda que los afectados firmen convenios para indemnizarles antes de que sean derribadas sus viviendas, ya que el departamento que dirige José Luis Gochicoa descarta la opción de viviendas de sustitución.

La mayoría de los afectados ya han suscrito esos convenios y ya han propuesto al Ejecutivo una empresa para que realice la valoración de sus viviendas. «Según el Gobierno no se puede legalizar ninguna vivienda, pero yo creo que el problema es que no quieren», apunta un afectado, que, al menos, espera que la valoración se realice teniendo en cuenta los «precios de mercado».

Uno de los abogados de los afectados, José del Río, explica que el derribo no se puede efectuar «hasta que no estén prestadas las garantías suficientes a los propietarios de las viviendas, para garantizar las posibles indemnizaciones que haya que darles». Respecto a la posible legalización del resto de viviendas, las de Cerrias II, apunta que «los planes generales por sí solos no legalizan viviendas. Es necesario que tengan una nueva licencia y que el ayuntamiento presente al tribunal un incidente de imposibilidad de ejecutar la sentencia».