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El Ayuntamiento de Piélagos da un nuevo paso en la carrera administrativa a la que le obliga el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para demoler 21 chalés en Liencres de las 80 edificaciones que hay en el municipio con sentencia de derribo. De ... esta manera, adjudicó el mes pasado los trabajos para reducir a escombros la urbanización L-05, que se encuentra en pleno centro de Liencres. El Ayuntamiento, aun así, está confiado en que estas construcciones se pueden salvar de la piqueta. «Tenemos muchas esperanzas. La aprobación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que ya está en manos de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), ofrece alternativas para ello», explica Carlos Caramés (PP), el alcalde de Piélagos.
Al concurso se presentaron dos empresas: Rucecan y Construcciones y Desmontes Ribera Navarra. La oferta de la compañía cántabra fue finalmente la que mejor valoración obtuvo, por lo que se hizo el pasado mes con el contrato por 241.920 euros, que son 64.139 menos de la oferta de licitación (306.059 euros). Este pasado martes, la mesa de contratación formalizó la adjudicación.
Que la urbanización L-05 ubicada en el barrio de la Iglesia, en pleno centro urbano de Liencres, justo en frente de la plaza Adolfo Suárez, tenga sentencia firme de derribo y cuente con una empresa contratada para echar abajo los 21 chalés no quiere decir que esto último vaya a ocurrir. En el Consistorio tienen «muchas» esperanzas. De hecho, comparada con las otras dos zonas afectadas, las urbanizaciones de Cerrias II y Entrelindes, esta es, admiten, la que más posibilidades tiene de salvarse. «El resto también, quizás la de Cerrias es la más complicada», señala Caramés. La L-05 se encuentra en pleno casco urbano, está totalmente integrada y cuenta con los servicios básicos (saneamiento, alumbrado, suministros, aceras...). Su tabla de salvación es que el Plan General sea finalmente aprobado por la Crotu y que así su suelo pueda ser calificado como urbano. «Sería una barbaridad tener que tirar estos 21 chalés y que después se puedan construir, por ejemplo, bloques de pisos», añade el regidor.
Por tanto, el PGOU no es la solución a los derribos en sí mismo pero sí que puede ser la llave para conseguir la ansiada legalización. «El Plan ya ha sido aprobado parcialmente. Lo hemos remitido a la Crotu, que debe ahora estudiarlo. Como contiene cambios sustanciales, estamos seguros de que lo sacará a exposición pública. Aun así, nosotros, aunque no estamos obligados, tenemos la intención de hacer lo mismo para que los vecinos puedan conocerlo con detalle y saber cómo les afecta», apostilla.
El Ayuntamiento de Piélagos utiliza la misma fórmula que el de Argoños, también afectado por sentencias de derribo, para conseguir que los 21 chalés de la urbanización L-05 queden finalmente en pie. En caso de que se cumpla el peor de los escenarios y las edificaciones tengan que ser demolidas, el proceso no se prolongará más allá de los tres meses. De las 21 viviendas, hay 17 individuales y cuatro pareadas dos a dos. Todas cuentan con planta baja y primera, y algunas de ellas tienen también sótano. La demolición se ciñe a los chalés y no incluye ni el vial intermedio ni los elementos de urbanización circundantes (aceras, servicios urbanos...).
El alcalde de Piélagos tampoco descarta que el PGOU consiga salvar al resto de las edificaciones afectadas en el municipio, es decir, las de las urbanizaciones Entrelindes y Cerrias II. «No es imposible del todo, aunque he de reconocer que en Cerrias está más complicado porque le afecta los 100 metros de distancia a los que obliga Costas –los chalés están pegados literalmente a la playa que les da nombre–. Anteriormente, el límite era de 20 metros y eso lo hubiera hecho más fácil, pero nunca se sabe. Trabajaremos a fondo para conseguirlo», recalca. Como esperanza para los vecinos, tanto Cerrias II como Entrelindes tienen desde hace tiempo licitada y adjudicada la empresa que debe derribarlas y, sin embargo, las cizallas no han comenzado aún a trabajar.
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