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Pese a que el Parlamento no aprobó facultar al Gobierno para investigar el 'caso Renedo' en los ayuntamientos, algunos de ellos, salpicados por la ... polémica de los contratos irregulares de Juventud e Igualdad, han decidido estudiar por su cuenta si las adjudicaciones a la empresaria María Luisa Rebolledo se hicieron correctamente. Piélagos es uno de ellos. La alcaldesa, Verónica Samperio, ha organizado una Comisión de Contratación para mañana, miércoles, en la que todos los grupos políticos podrán preguntar cualquier cuestión a los técnicos responsables del Consistorio, entre ellos el secretario municipal y el interventor. Una medida que llega después de que el portavoz del PP en Piélagos, Carlos Caramés, solicitara toda la documentación sobre los contratos firmados con Rebolledo, la empresaria para la la que trabajó la exdirectora Alicia Renedo antes y después de estar en el Gobierno.
«Quiero que se aclaren las cosas y no voy a permitir bajo ningún concepto que exista una sombra de corrupción en el Ayuntamiento», señaló la regidora a El Diario Montañés.
Entre 2017 y 2022, el Ayuntamiento de Piélagos firmó ocho contratos con Rebolledo y con la empresa Ágora por valor de 72.000 euros. En todos los casos, excepto uno, solo existió un único presupuesto. Tanto el interventor como el secretario municipal, en informes distintos, ratificaron la «legalidad» de los contratos firmados.
Una vez finalice la comisión, se tomará la decisión de celebrar o no un Pleno extraordinario monográfico sobre el 'caso Renedo', en el que la alcaldesa pedirá que se la faculte para emprender acciones legales contra el PP cántabro por «un delito de calumnias», siempre que los servicios jurídicos municipales vean razones para hacerlo.
Verónica Samperio
Alcaldesa de Piélagos
Fue hace dos semanas cuando los diputados populares María José González Revuelta y Álvaro Aguirre convocaron una rueda de prensa en la que denunciaron una «maraña de contrataciones masivas y otorgadas en muchos casos a dedo» por ayuntamientos del PSOE a esta empresaria gaditana. «Todo nos lleva a pensar que estamos ante una trama de adjudicación de contrataciones viciadas», señalaron.
La propuesta de acuerdo que Samperio llevará a Pleno tacha estas acusaciones de «gravísima» y lamenta «profundamente el desprecio de unas declaraciones cobardes e inadmisibles» del PP a los funcionarios municipales. Por eso, deja abierta la vía judicial.
Todos los años, los secretarios generales de las consejerías del Ejecutivo cántabro –altos cargos nombrados por los consejeros– deben emitir un informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Buen Gobierno, aprobado en 2013. El mes pasado, Presidencia recibió los referentes a 2022, cuando se produjo la firma del contrato de Alicia Renedo con la empresa para la que había trabajado y que provocó su posterior dimisión. Pues bien, el secretario de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Santiago Fuente, con quien Pablo Zuloaga coincidió en la Delegación del Gobierno y luego fichó cuando llegó a Peña Herbosa, dice en su informe que en la Consejería «se han cumplido los preceptos y principios éticos y de conducta» durante el año pasado. También remite una relación de los altos cargos y del personal afirmando que se encuentran todos incluidos en el ámbito de aplicación del artículo uno del Código.
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Ana del Castillo
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