Piélagos licita la demolición de otros 21 chalés en Liencres con orden de derribo

La prueba es que en el pasado ya se licitaron -e incluso están adjudicados- los mismos trabajos en las urbanizaciones de Cerrias y Entrelindes y todavía no han entrado las cizallas. Sí hubo derribos en El Cuco, un complejo que, por sus características, era imposible de legalizar. Una vez se tramite y apruebe la revisión del PGOU y a la vista de la ordenación prevista que clasifica el suelo como urbano en algunas parcelas, el Gobierno cántabro propuso, con el visto bueno de los tribunales, intentar evitar su derribo tramitando la solicitud de licencias a la vista de la «nueva realidad jurídica». Todo eso aún está por concretarse.

La obra de demolición de la urbanización L-05 ha salido a licitación por 306.000 euros y, una vez que empiecen los trabajos -en caso de que se cumpla el peor de los escenarios-, el proceso no se prolongará más allá de los tres meses. De las veintiún viviendas, hay diecisiete individuales y cuatro pareadas dos a dos. Todas cuentan con planta baja y primera, teniendo algunas de ellas además una planta sótano. La demolición se ciñe a los chalés y no incluye ni el vial intermedio ni los elementos de urbanización circundantes (aceras, servicios urbanos, etc).

Donde también se sigue trabajando es en la negociación entre la Consejería de Obras Públicas y los propietarios de viviendas que no tendrán cabida con el futuro PGOU, como son diecisiete hogares de Cerrias. Estos propietarios tienen derecho a una vivienda de sustitución o a una indemnización según al precio de los inmuebles. La mayoría de ellos está optando por la segunda fórmula. Por el cheque, siempre y cuando la valoración sea justa. El Ejecutivo ya ha enviado un primer borrador con la propuesta económica y ahora hay que cerrar los detalles del acuerdo.

Por su parte, Piélagos, con independencia del desenlace, garantiza que tiene solvencia económica para hacer frente al pago de las demoliciones y también de la parte que le corresponde de la indemnización -otra parte corre a cargo de la Consejería- a los afectados. No en vano, cada año reserva un millón de euros del presupuesto local para este asunto y también hay siete millones de euros de su remanente que irán a este fin.