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El Ayuntamiento de Piélagos no abonará el concierto que Burning y La Frontera ofrecieron el pasado 9 de septiembre en la Campa de la Virgen de Valencia porque el contrato que meses antes había firmado Verónica Samperio, cuando ésta era alcaldesa, se declaró «nulo» de ... pleno derecho. El reconocimiento extrajudicial de crédito que llegó al Pleno de esta semana para pagar los 21.780 euros (IVA incluido) que facturó la representación de los artistas por dicha actuación no salió adelante -los grupos PP, PSOE, @VIP y PRC se abstuvieron y Vox votó en contra-, por lo que la administración no asume la deuda, lo que abre una posible vía judicial por parte de la productora para reclamar el abono de unos servicios ya realizados.
Durante la sesión, el alcalde, Carlos Caramés (PP), explicó que dicho concierto «fue contratado por la alcaldesa en la anterior legislatura, el 11 de mayo de 2023, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo previsto para una contratación que supera el importe de contratación menor como en este caso al ser la factura de 21.000 euros, incurriendo en causa de nulidad de pleno derecho», como consta en el informe jurídico del secretario municipal y del técnico de Administración general del área de Contratación.
«Se hizo este contrato de manera privada por la anterior alcaldesa y actual concejala del PSOE, con todas las obligaciones incluidas -precio, fecha, escenario-, incluso servicios como el catering exigido, todo ello prescindiendo de la tramitación legal necesaria y por eso, tras los diferentes requerimientos, informes necesarios y el ejercicio económico en el que nos encontramos, hemos tenido que traer a pleno el reconocimiento extrajudicial», resumió el regidor. De hecho, recalcó que se firmó un contrato de manera «privada» antes de tramitar el procedimiento correspondiente, que se quedó desierto al intentar tramitarlo porque la empresa no se presentó, aludiendo que «ellos ya tenían un contrato que les amparaba aunque de cara a la administración fuese nulo de pleno derecho y, por lo tanto, podían exigir su pago, actuaran o no».
Es algo «muy grave», dijo Caramés, que pidió a la aludida, la líder del PSOE, que explicara lo ocurrido. «Eso que dice la empresa no es cierto», respondió Samperio, quien señaló que dicho contrato era para «la reserva de fecha» únicamente, pero a partir de ahí, la empresa debería haber presentado la documentación y como no lo hizo, «el contrato, por mucho que digan, lo tiene con una señora, no con el Ayuntamiento» y «no hubiera tenido ningún tipo de recorrido».
Este reconocimiento extrajudicial para abonar el concierto no registró ningún voto a favor, por lo que quedó rechazado.
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