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El Ayuntamiento de Piélagos ha rechazado la reclamación de 69 millones de euros que el grupo Martinsa-Fadesa hizo el año pasado por el fiasco del proyecto urbanístico en el Alto del Cuco. La empresa, que construyó las 214 viviendas demolidas hace nueve meses por ilegales ... y ahora se encuentra en fase de liquidación, exigía esa cantidad como indemnización y ahora tendrá que esperar a la decisión de los tribunales, donde se dirimirá quién fue el responsable de uno de los atentados urbanísticos y ambientales más graves de las últimas décadas en Cantabria.
Fue el pasado 22 de diciembre cuando el equipo de gobierno decidió no aceptar la millonaria exigencia de la compañía, que cuadriplica el presupuesto anual del municipio, y que supondría declararse como responsable patrimonial.
La resolución recoge que la anulación del Plan Parcial del Alto del Cuco, que decretó el Tribunal Supremo en 2007, «no es imputable» al anterior equipo de gobierno del PP, sino que «es culpa del promotor, que incurrió en una negligencia grave al realizar obras de urbanización y edificación por su cuenta y riesgo». El documento está «respaldado» por un dictamen del Consejo de Estado de fecha 26 de octubre de 2017.
La empresa explicó en su día que judicializó su reclamación «ante la desidia y pasibilidad absoluta» del Ayuntamiento, al que reprocha «no haber planteado nunca un escenario de negociación» para llegar a un acuerdo «consensuad» que permitiera una «salida satisfactoria para todas las partes implicadas».
Según el concejal del PP municipal Carlos Caramés, la decisión de PSOE-PRC «da la razón» a su partido y avala su gestión del urbanismo en el municipio durante los años que estuvo al frente del Consistorio, a pesar de tanto socialistas como regionalistas «se dedicaron a demonizarla durante años».
Los populares también han acusado al equipo de gobierno de «ocultar durante meses» la resolución. En su opinión, es «escandaloso el oscurantismo y la falta de transparencia de PSOE-PRC en un asunto de tanta trascendencia» para el municipio.
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