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Los grupos de PSOE, PRC y @VIP han solicitado informes al secretario y al interventor municipales para, en sus funciones de asesoramiento legal y control económico-financiero, conocer si las actuaciones llevadas a cabo, en la realización de unas obras en una parcela privada en ... Vioño y la contratación de las obras de la cubierta de la bolera de Arce, responden a la legalidad, dentro del marco de la Administración Pública.
En un comunicado, las tres formaciones pusieron de manifiesto que en el último Pleno, @VIP advirtió a la Secretaría General e Intervención General del Ayuntamiento de Piélagos de la realización por parte del equipo de gobierno de una actuación irregular en una parcela privada, «utilizándose medios materiales y personales públicos por parte del Ayuntamiento».
Según detallan, el alcalde, Carlos Caramés, procedió a contestar a las preguntas formuladas por el PSOE, relativas a la contratación y pago de la 'Redacción del proyecto de sustitución de la cubierta de la bolera de Arce', propiedad de la Junta Vecinal. Una obra que fue adjudicada a la empresa Ingenia S.L. mediante un contrato menor por importe de 6.676 euros con fecha 21 de septiembre de 2023.
Pues bien, a la pregunta del PSOE en base a qué cobertura legal se ha encargado y abonado ese importe dentro de un proyecto en un inmueble que no es de su propiedad, el regidor contestó que en base «a la tramitación de un convenio de cesión».
«Ha de hacerse constar que la tramitación del citado convenio de cesión aun está sin resolver, habiéndose aprobado únicamente por el Pleno municipal del pasado mes de enero la ratificación del acuerdo de disposición de bienes por parte de la Junta Vecinal de Arce, estando pendientes los informes técnicos y económicos necesarios para la aprobación, si así se estima oportuno, el citado convenio», aseguran las tres formaciones políticas.
«Lo que es evidente es que a la fecha de la celebración del citado contrato, 21/09/2023, ni existía convenio alguno de cesión del bien a favor del ayuntamiento, ni siquiera se había iniciado el correspondiente expediente de tramitación del mismo», añaden los grupos.
Ahora, tras la solicitud de dichos informes, serán los funcionarios los que determinen si la cobertura legal de ambas actuaciones que se ha puesto en tela de juicio se ajusta a los reglamentos de la administración.
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