El tribunal ordena a Piélagos que inicie el proceso para derribar las viviendas de Cerrias

Se trata del proceso iniciado en todos los ayuntamientos con sentencias firmes de derribo después de que el pasado mes de marzo el Tribunal Supremo diera vía libre a los jueces de Cantabria para reactivar la ejecución de las sentencias de derribo. Desde entonces se viene produciendo un goteo de resoluciones de este órgano judicial que recuerda que el conflicto, un problema que la comunidad autónoma viene arrastrando desde hace más de dos décadas, sigue ahí amenazante.

El contenido de estas dos resoluciones del TSJC fue dado a conocer por el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Roberto Ruiz Argumosa, durante la celebración del pleno de esta semana.

También explicó que ya se han presentado las escrituras de todos los propietarios, requisito para el que disponían de diez días, y que la forma de calcular las indemnizaciones se ha fijado en el valor de adquisición de la vivienda en escritura más un 30%.

Ruiz Argumosa apuntó, además, que se ha celebrado una reunión en el Gobierno de Cantabria entre sus servicios jurídicos y económicos y los del Consistorio, para tratar este asunto y para «hacer uso» del convenio que firmó el Ayuntamiento de Piélagos con el Ejecutivo regional.

Entre otras cuestiones, afirmó que, en cumplimiento de la orden de la Sala del TSJC, se presentarán ante la Administración de Justicia «una serie de cuestiones», que se darán a conocer «en su momento», para «tratar que admita» la ejecución de los derribos «de una forma que sea asumible» para el Ayuntamiento de Piélagos.

Asimismo, alertó de que esta orden de inicio del procedimiento de la demolición de las viviendas con sentencia de derribo de Cerrias es «la primera, posiblemente, de una cascada de acciones en ejecución» de otras que aún están pendientes.

Además, incidió en la necesidad de la aprobación «urgente» del Plan General que lleva en tramitación desde 2003 y expresó su deseo de que dé tiempo de presentarlo ante la Justicia «como una fórmula» para «intentar salvar aquellas viviendas que sean salvables».

Estas resoluciones han llegado al Ayuntamiento de Piélagos después de que en junio el Tribunal Supremo (TS) rechazara el incidente de ejecución que había planteado el Consistorio contra un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que ordenaba proseguir con la ejecución del derribo.

El Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria recurrieron ante el Supremo basándose en el artículo 108.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según el cual antes de proceder a la demolición debe incoarse expediente administrativo de responsabilidad patrimonial para identificar a los titulares de los inmuebles y determinar las sumas debidas por la Administración a los terceros de buena fe afectados.

Pero el Supremo rechazó los argumentos de los recursos y destacó que ese precepto de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no supone una imposibilidad ni material ni legal de ejecutar el fallo.

Otros ayuntamientos con sentencias de derribo que tenían suspendido esos procesos han recibido resoluciones similares, en las que se les pide un plan de actuación y que ofrezcan las garantías para los propietarios, terceros de buena fe.