«Durante todos estos años no hemos sabido la verdad del camping de Ajo»

Aunque para conocer el origen del problema, hay que retroceder en el tiempo. Es un proceso que viene desde bastante atrás, en 2014 ya existe una sentencia desfavorable y firme ante la solicitud de ampliación del camping, y aunque la ejecución del desalojo de la zona ilegal (parcelas para casas rodantes y espacios comunes) no ha tenido comienzo hasta hace propiamente un mes. Pero no es hasta 2019 cuando los campistas reciben una primera comunicación en la que la propiedad explica que se encuentra «inmersa» en una serie de procedimientos de defensa de legalidad de sus instalaciones y que puede conllevar la necesidad del cierre de una parte, y que lo tengan en conocimiento antes de la firma de contrato de ese mismo año. «Yo llevo sin firmar un contrato desde 2019, porque no entendí nada del correo que nos mandaron. Me acababa de gastar unos años antes casi 50.000 euros en la casa prefabricada, una placa de hormigón y una barbacoa. Entiendo que esa compra que realizo al camping no puede ser legal porque ese módulo iba a estar en una zona ilegal», confiesa. «En ese momento todos los afectados nos juntamos para formar una asociación y vamos al Ayuntamiento, pero sentimos que no había nadie que velase por nuestros derechos. Y la opción que nos quedaba era malvender el módulo y tener que pagar 6.000 euros al propio camping. la realidad es que nunca hemos sabido la verdad sobre el camping durante todos estos años».

Los años pasan y no es hasta enero de este mismo año cuando reciben otra comunicación vía mensajería instantánea en la que desde la dirección del camping comparte a través de un grupo –en el que solo los administradores pueden mandar mensajes– y en el que aseguran «agotar todas las vías», pero que se ven obligados a ejecutar la sentencia firme a través de las acciones de cortar el suministro de luz y agua y desocupar la zona ilegal.

Ante esta situación, desde el Ayuntamiento de Bareyo se procedió a cortar los suministros de la parte ilegal del camping Arenas de Ajo en cumplimiento de la sentencia dictada el pasado mes de octubre por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). La resolución, que ya es firme, desestimaba el recurso presentado por Camping Arenas de Villanueva S.L contra el fallo emitido en diciembre de 2023 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y volvía a dar la razón al Consistorio ratificando el acuerdo de demolición de buena parte de la instalación. Además, el juez ordenaba su ejecución y cumplimiento en un plazo de dos meses. En declaraciones a este periódico, Pedro Prieto, alcalde del municipio no especifica la fecha en la que se cumplen los dos meses, pero sí que los propietarios tendrán que presentar un proyecto de derribo en ese mismo plazo y «se aplicarán una orden de sanciones si no se cumplen con los plazos».

En paralelo, el responsable del camping ha presentado un proyecto de ampliación y legalización de la parte de la instalación afectada conforme a la nueva Ley del Suelo, aprobada por el Gobierno de Cantabria en 2023.

Una de las cosas que se apresuran a aclarar desde la propiedad del camping es que sigue en funcionamiento y no se ha producido «ningún tipo de cierre». Felipe Crespo, uno de los administradores solidarios, explica que los contratos de alquiler que ellos llevan a cabo tienen una duración máxima de un año hasta el 30 de septiembre y «que ha sido otra empresa la que ha llevado a cabo la venta de los módulos».

Ante el desalojo de los módulos responden que sus abogados conversan con el Ayuntamiento para proceder al desalojo, pero «que si nosotros no lo sacamos es el Ayuntamiento el que tiene que sacarlo y luego sería el Consistorio el que nos tendría que sancionar a nosotros. Si quieren disfrutar del verano, que lo hagan. Nosotros ahí no les hemos dicho que lo saquen o no. Lo que pasa que, claro, están sin luz y sin agua, pues la gente se está moviendo ya con sus módulos a otros sitios».