Argoños cede terreno al Gobierno para hacer dos casas de sustitución

El alcalde, Juan José Barruetabeña, explicó que el terreno que se cede al Ejecutivo regional es municipal y está ubicado junto al colegio Pedro Santiuste. La parcela está destinada a la construcción de las casas de sustitución de Camino del Portillo condenadas por la Justicia a la demolición por su impacto visual y paisajístico. En total, están afectados en esta urbanización once chalés cuyos dueños pueden optar por una vivienda de compensación o por cobrar el importe económico indemnizatorio.

El regidor explicó que dos propietarios han elegido la alternativa de la casa de sustitución ubicada en el propio municipio de Argoños. Es por ello, que el «Ayuntamiento ha cedido este terreno, que teníamos sin uso ahora mismo, para que el Gobierno regional levante estas dos casas, aunque hay espacio disponible para construir algunas más. Entrarían en torno a 14 chalés». Barruetabeña señaló que «no quiero que los propietarios se marchen del pueblo y estoy contento de que dos afectados hayan decidido quedarse y aprovechen la calidad de vida del municipio». Con la puesta a disposición del terreno, ahora será el Gobierno el encargado de dar el siguiente paso sacando a licitación la edificación de las dos viviendas con similares características a las que se van a derribar.

El resto de dueños de Camino del Portillo han recibido una cuantía indemnizatoria que abonan a medias las dos Administraciones, aunque el importe es adelantado por el Gobierno regional y el Ayuntamiento debe devolver su parte en un plazo de 25 años.

En el Pleno también se dio luz verde al presupuesto de Argoños para 2022 que asciende a 2,1 millones de euros. Las cuentas salieron adelante con el impulso del PP mientras que toda la bancada de la oposición se declinó por la abstención. En el documento, el Consistorio ha previsto 197.800 euros para cumplir con las sentencias de derribo sobre las viviendas de Argoños. Además se ha incluido una partida de 250.000 euros para el mantenimiento y conservación de infraestructuras y bienes naturales, así como 120.000 euros para el mantenimiento del alumbrado público y 30.000 para trabajos de limpieza y jardinería.