La Audiencia deja a Puerto Gallego y a sus ediles con un pie en el banquillo

Ahora, la causa volverá al Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña, que dará traslado del procedimiento a las partes -Ministerio Fiscal, acusaciones y defensas- para que presenten el escrito de conclusiones, tras lo cual acordará la apertura de juicio oral y se señalará la fecha de la vista.

En lo político, la resolución judicial salpica de lleno a los dos únicos imputados que permanecen en activo como concejales en el Ayuntamiento santoñés, los socialistas María Antonia Alonso Quintana y Jesús María Valle, ya que Puerto Gallego dimitió como diputada al Congreso en septiembre de 2016.

La denuncia presentada hace casi una década por el exconcejal del Movimiento Falangista de Santoña Leoncio Calle Pila, a la que posteriormente se sumó el PP, se llevó por delante la carrera política de Gallego cuando el Tribunal Supremo dio a conocer que iba a investigar a la parlamentaria tras apreciar la existencia de indicios de la comisión de un delito de prevaricación. Antes de ser citada a declarar como imputada, la dirigente socialista se reunió con su partido y entregó su acta. Gallego se apartó de todos los cargos y volvió a ejercer la pedriatría. La exalcaldesa de Santoña dijo entonces que no quería «ensombrecer, en ningún caso, la determinación de los socialistas de promover la regeneración», y encaró su defensa fuera del escenario político. Por aquel entonces, septiembre de 2016, el PSOE llevaba meses manteniendo un duro discurso contra la corrupción con el PP en el punto de mira, un discurso que colocó contra las cuerdas a la cántabra. De este modo, Gallego se retiró de la política activa después de quince años en ese ruedo, cuando una moción de censura al entonces alcalde popular Pedro Luis García la aupó a la alcaldía de Santoña en 2001, donde permaneció diez años.

Precisamente fue su gestión entre 2003 y 2009 la que está bajo el escrutinio judicial. Según la juez de Santoña primero y ahora coincide la Audiencia, en ese periodo la Junta de Gobierno adjudicó diversos contratos administrativos a cuatro empresas (Atys, Taesa 2000, Arko y Limpiezas Veci), «en los que se prescindió de concurso previo cuando se superaba la cuantía que definía al contrato como menor». Para ello, «se fraccionaban los contratos para lograr que las cuantías fueran inferiores a las reales, que exigían el procedimiento abierto (18.000 euros, según la Ley de Contratos del Sector Público de 2007), y se procedía sin más exigencias a aprobar el gasto y a abonar las facturas presentadas». Todo ello a pesar de los reparos de legalidad que «de forma constante y repetida» realizó el interventor del Ayuntamiento santoñés, «reparos que ni se levantaban ni eran atendidos». Los contratos en cuestión se referían siempre a mantenimiento y limpieza.

En lo que la Audiencia no ve indicios de delito sino «un actuar negligente» es en las supuestas irregularidades en el abono de horas extraordinarias, un asunto incluido en las denuncias de Leoncio Calle Pila y el PP, que la juez incluyó en el objeto de la acusación. La Sección Tercera de la Audiencia estima las alegaciones de los abogados defensores y archiva esta acusación al considerar que no existe ilícito penal sino «una mera irregularidad administrativa». El tribunal considera probado que entre 2003 y 2009 el personal laboral del Ayuntamiento realizó horas extra que superaban el cómputo legalmente permitido, si bien «no consta que se omitiera el preceptivo control presupuestario, ni se ha cuestionado su prestación o la necesidad de las mismas». En sintonía también con el Ministerio Fiscal, la Audiencia sostiene que «no parece que la intención de los investigados fuese sobrepasar deliberadamente el máximo horario por motivos espurios o arbitrarios», por lo que, a la vista de los reparos del interventor, se trata de una forma de actuar «negligente», pero no constitutiva de un ilícito penal.