Los campistas de Ajo inician movilizaciones: «La dirección nos ha estafado y engañado»

Los campistas desalojados también han presentado un incidente de nulidad de actuaciones ante el Consistorio de Bareyo para que se les reconozca como interesados directos en el proceso. Además, han confirmado la presentación de una querella criminal contra la propiedad del camping: «Pronto la presentaremos en los tribunales por un delito continuado de estafa». La asociación señala la «ocultación» de la situación de ilegalidad en el momento de la venta de las casas rodantes para ocupar el suelo ilegal y el pago de alquiler anual. «Más de 100 familias nos enfrentamos a esta injusticia».

«Desde la dirección del camping Arenas de Ajo se aseguró la continuidad de la parte ilegal de la instalación en todo momento y se propició la venta y alquiler en la zona ilegal por un mero afán de lucro, exigiendo comisiones en efectivo y sin factura, a fin de autorizar la venta de los módulos. Los cobros más recientes ascendían a 6.000 euros», han manifestado en su comunicado.

Los afectados aseguran que las propiedades de los miembros de la Asociación de Campistas Fijos del Camping Arenas de Ajo presentan un valor medio de mercado de 35.000 euros por módulo. Lo que al multiplicar esta cifra por el número de afectados, el valor total superaría los dos millones de euros. Asimismo, concretan que la retirada de estas propiedades resulta «inviable» debido al riesgo de pérdida parcial o total, así como al elevado coste económico que conlleva, un gasto que muchos afectados no pueden asumir tras la inversión realizada. Pese a todo, algunos afectados han optado por trasladar sus módulos hasta el camping Ciudad de Frías y desembolsarán unos 4.000 euros.

El pasado 13 de enero el camping Arenas de Ajo recibió un duro revés al ver que la corporación municipal procedía a cortar el suministro de luz y agua de nueve parcelas -más de la mitad de las actuales instalaciones del camping- al haber sido construidas en ampliaciones posteriores a la apertura del establecimiento de manera «clandestina» y «sin ningún tipo de licencia». Ya que afectaba a una zona incluida dentro del área de protección del Plan de Ordenación del Litoral (POL).

Aunque para conocer el origen del problema, hay que retroceder en el tiempo. Es un proceso que viene desde bastante atrás, en 2014 ya existe una sentencia desfavorable y firme ante la solicitud de ampliación del camping. Pero no es hasta 2019 cuando los campistas reciben una primera comunicación en la que la propiedad explica que se encuentra «inmersa» en una serie de procedimientos de defensa de legalidad de sus instalaciones y que puede conllevar la necesidad del cierre de una parte, y que lo tengan en conocimiento antes de la firma de contrato de ese mismo año. El desalojo de la zona ilegal (parcelas para casas rodantes y espacios comunes) no ha tenido comienzo hasta hace un mes.