La concejala de Santoña Nanda Linares, condenada a un año y dos meses de cárcel

El fallo judicial desestima íntegramente el recurso presentado por Linares y se reafirma en lo dictado a principios de 2016 por el Juzgado de lo Penal número 3 que la condenó, además, al pago de ocho euros diarios durante trece meses (3.120 euros) así como al abono de las costas causadas, incluidas las de la acusación particular y ahora también a la mitad de la costas de alzada. La concejala no ingresará en la cárcel al no tener antecedentes penales, pero se le inhabilita para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por lo que no podrá presentar su candidatura a las próximas elecciones municipales.

La sentencia, contra la que no cabe recurso, se dictó el pasado 4 de abril, lográndose mantener hasta ahora, cuando este periódico ha tenido acceso a ella, en absoluto secreto. Los hechos por los que Linares está condenada en firme se remontan a la crisis interna que sacudió a UPyD Cantabria en la elección de su coordinador regional en la pasada legislatura. En aquel momento, la edil integraba las filas de esta formación.

Según se recoge en la sentencia, ha quedado probado que en mayo de 2012, la edil remitió desde su correo electrónico un mensaje a Estanislao Ruiz Asprón, en aquel momento también era edil de UPyD en el Ayuntamiento de Santoña. Linares adjuntaba en el mismo un documento de Word con la transcripción de una conversación mantenida entre María Asunción Puente – demandante en este caso – y Ainhoa Maye, compañeras de partido, en la que hablaban de otros miembros de UPyD y de la crisis interna. Ambas formaban parte del sector enfrentado a Linares por el control regional de la formación. En el mensaje, la concejala escribió a Ruiz Asprón: «esto lo han sacado del ordenador de Asun... no han tenido tiempo de más».

La sentencia del juicio oral consideraba probado que esa conversación fue obtenida «sin el permiso de la denunciante, de forma furtiva y con la finalidad de dar a conocer su contenido». De hecho, Puente demostró que ese día había recibido un mail en el que se le aconsejaba cambiar la contraseña del Skype, ya que «se estaba utilizando su cuenta personal».

Linares en el recurso que presentó intentó alegar que los hechos denunciados se desarrollaron en el ámbito político no personal por lo que entiende carecen de tipicidad penal. Igualmente, dice que recibió el documento de Word desde el ordenador de Juan Ramón Carrancio, entonces miembro de UPyD y adversario de Puente por el control regional, y que se limitó a reenviarlo a su compañero Ruiz Asprón al tratarse de una información política y en la que no se ve afectada la intimidad de la denunciante.

Sin embargo, el juez de la Audiencia Provincial tiene claro que está acreditado que «era conocedora de que estaba divulgando una conversación privada, con conocimiento de su obtención por medio ilícitos, vulnerando con dicha conducta el derecho a la intimidad» y avala el razonamiento de la sala de lo Penal reafirmando la condena.

Esta fallo deja en una complicada tesitura a Linares. Cuando salió a la luz en enero de 2016 la primera sentencia, los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Santoña, PP y Santoñeses, presentaron una moción exigiendo la destitución inmediata de la edil. Entonces, salvó su puesto por el voto de calidad del alcalde socialista, Sergio Abascal, al producirse un empate ya que ella optó por no votar al ser parte implicada y el PRC se abstuvo. El regidor la apoyó porque la condena no era firme. «Cuando así sea se tomaran las decisiones oportunas», dijo entonces.