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Cansadas de la sobrecarga de trabajo, hartas de que no se cubran las bajas laborales e impotentes por no contar con unas instalaciones y medios adecuados para atender a los mayores dignamente, las trabajadoras de la residencia Villa Cicero, ubicada en Gama, se concentraron ayer ... por tercera vez frente al centro con una demanda alta y clara: «Más inversiones y menos presiones». Es lo que reclaman a la empresa GSR-Grupo Mondragón, al frente de esta residencia concertada-privada, a la que acusan de «vulnerar sistemáticamente nuestros derechos».
Las gerocultoras de esta residencia llevan años denunciando sus malas condiciones laborales y lejos de solucionarse su situación, «los problemas se han ido incrementando y empeorando». La deficiencia «más grave» es la escasez de personal. «Sobre el papel GSR dice que cumple las ratios, pero en la práctica cuando hay bajas por enfermedad, permisos o reducciones de jornada, no se cubren esas ausencias», alerta Jesús Villar, asesor de las delegadas de personal. Hay seis gerocultoras y, «a veces, incluso menos», para levantar y asear por las mañana a los 57 usuarios, algunos de ellos grandes dependientes». Esto les obliga a trabajar «a un ritmo frenético», lo que repercute en la calidad asistencial a los mayores. «La sobrecarga de trabajo es tremenda». Por ello, piden que se cree una bolsa de empleo para las sustituciones.
El estado «obsoleto» de la residencia -que antaño fue un hotel- es otro de los caballos de batalla. A los estrechos pasillos, paredes desconchadas se suma la falta de equipamientos. «La mayoría de camas no están a cota cero, las grúas no tienen mantenimiento y se averían constantemente». Esto les obliga a tener que realizar «un sobreesfuerzo» para los cambios posturales. «La Inspección les sancionó por todo esto, el problema que es que la normativa del Gobierno de Cantabria les da un margen amplio de años para adaptarse; un tiempo en el que el sufrimiento para los mayores y trabajadores es insoportable», lamenta Villar. Por ello, también exhibieron pancartas clamando por unas nuevas normas de dependencia regional, que contemplen la jubilación anticipada para este sector y mejoras salariales.
Esta «caótica» gestión ha derivado en múltiples sanciones a GSR tanto por parte del Gobierno de Cantabria como por la Inspección de Trabajo al no cumplir la prevención de riesgos laborales y por contratos fraudulentos. «También han perdido varias demandas en el Juzgado de lo Social por vulnerar derechos fundamentales y por despidos improcedentes». En el último año la residencia ha tenido hasta tres directores.
Los representantes sindicales han acudido al Orecla para negociar con la empresa mejoras, comprometiéndose GSR «a realizar un estudio ergonómico, a acogerse a las ayudas del Gobierno regional para renovar equipamientos y a estudiar jubilaciones anticipadas para las empleadas de 61 años. «No ha hecho nada. Se denunció en el juzgado y hay una sentencia que le penaliza por incumplirlo».
La «incapacidad» de esta empresa para gestionar la residencia, sostienen que se ha evidenciado en su pretensión de subrogar dicha gestión a otras dos empresas con las que estuvo en negociaciones pero «se echaron para atrás al ver el caos, las condiciones laborales y el estado de las instalaciones».
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