Conservas Lolín saca a la luz un convenio de 1994, similar al suyo, que el Pleno respaldó

La propuesta fue refrendada por unanimidad de los presentes en el Pleno castreño, entre los que se encontraban los socialistas Jesús Morlote, José Antonio Echevarría (suegro de la actual alcaldesa de Castro, Susana Herrán) y Joaquín Antuñano (entonces de IU aunque luego pasó a las filas del PSOE), además de Fernando Muguruza y Jaime Díez Muro (UPCA), entre otros.

El gerente de Conservas Lolín, Jesús Gutiérrez, ha sacado a la luz este documento porque entiende que tiene varios puntos en comúncon su convenio, como por ejemplo, que la zona afectada está a escasos metros de su fábrica, y que se buscaba solventar el problema de una empresa en quiebra. Eso sí, Gutiérrez considera que aquel acuerdo era «menos beneficioso» que el suyo para el interés general, puesto que el cambio de uso del suelo era para que un promotor construyese viviendas y, en su caso, «se trata de la construcción de un centro comercial en el que se prevé la creación de unos 90 puestos de trabajo y mantener los 50 puestos de Lolín».

En el documento suscrito en 1994, que la Crotu aprobó en 1996 y fue publicado en el BOC en 1997, el Ayuntamiento y Loroño acuerdan que los terrenos objetos del convenio comprenden una superficie total de 8.050 metros cuadrados, de los cuales 6.630 eran de parcela por un valor de 104.750.234 pesetas y 1.420 metros cuadrados era de sobrante de vía pública, valorado en 22.425.549 pesetas. Así las cosas, el Ayuntamiento aceptaba una cesión de 410 metros para viario rodado, 1.200 metros para viario peatonal, y una planta baja de 400 metros cuadrados para destinar a equipamiento educativo (aunque finalmente se construyeron las dependencias de Urbanismo), además de una compensación económica de 20.000.000 pesetas más otros 22.425.549 pesetas correspondientes al sobrante de vía pública. Esta última cantidad, el promotor debía abonarla a la firma del convenio y los otros 20 millones en el momento de la concesión de la licencia de obras (16) y de la licencia de primera ocupación (4). «Ese dinero se utilizó para indemnizar a los trabajadores de Oleotécnica, cuyos sindicatos estuvieron presentes durante las negociaciones del convenio», apunta Gutiérrez.

El convenio suscrito por Lolín y el Ayuntamiento en 2017, suponía que la empresa se comprometía a financiar la construcción de una pasarela peatonal y de bicicletas que conecte la calle Leonardo Rucabado con el trazado del antiguo ferrocarril Castro-Alen. Además, la fábrica cedía al Ayuntamiento una superficie de 950 metros cuadrados en el centro comercial previsto en la parcela donde se ubica ahora la conservera, y también cedía al municipio el uso de un pozo de agua. Finalmente, la empresa se comprometía a la ampliación de las aceras existentes en todo el perímetro de la edificación.