La Comisión Regional de Urbanismo abre la puerta a la legalización de viviendas en Argoños

Según ha explicado el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, la CROTU, que había rechazado hasta en cinco ocasiones la documentación presentada por el Ayuntamiento de Argoños para intentar dar salida de una vez a su nuevo planeamiento urbanístico (en todas las ocasiones por presentar defectos que los redactores han ido corrigiendo sobre la marcha), ha aprobado por fin un plan «muy demandado por las familias de las viviendas afectadas, que, de alguna manera, querían saber en qué situación iban a quedar sus propiedades con respecto al nuevo planeamiento urbanístico».

Gochicoa ha recordado que este paso dado, «muy importante», no legaliza por sí mismo las viviendas «pero sí aporta los mecanismos necesarios para que los propietarios de todas aquellas que puedan salvarse puedan solicitar las licencias correspondientes de legalización», que no van a ser todas. «En aquellos casos en los que no sea posible -apuntó Gochicoa- los vecinos perjudicados podrán solicitar al Gobierno regional la indemnización correspondiente o, incluso, en algún caso, una nueva vivienda sustitutoria dentro del suelo urbano más próximo disponible».

Con el nuevo Plan General de Argoños ya en sus manos, añadió el consejero, los afectados «van a poder conocer en los próximos meses, uno a uno, cual va a ser la realidad que les corresponde y dónde van a estar ubicados», aunque antes, el sábado día 8 de octubre, «nos vamos a reunir con todos ellos para darles a conocer la aprobación definitiva de este plan urbanístico y exponerles las posibilidades que tienen y ver qué soluciones se les da a todos y cada uno de ellos».

La aprobación definitiva del nuevo Plan General de Argoños, uno de los municipios de Cantabria con más afectados por las sentencias de derribo, interesa a un total de 255 propietarios. Todos, sin excepción, aguardaban impacientes este momento, pues es el único instrumento que les queda para conseguir salvar sus casas y despertar de la pesadilla que soportan desde hace más dos décadas.

A ellos les insistió Gochicoa que ese documento, de por sí, «no legaliza sus viviendas» sino que serán los jueces «quienes determinen en cada caso concreto si las viviendas pueden legalizarse o no».