DEBA tacha el proyecto de Okuda en el faro de Ajo de «ocurrencia política»

También critica las declaraciones a favor del mismo realizadas por el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, quien ayer mismo reconoció que «le encanta» la propuesta de Okuda, y por el propio artista, para quien las críticas al proyecto «son una cuestión más de política y de ignorancia».

Para DEBA, Okuda «se retrata a sí mismo con estas declaraciones, y no muy favorablemente», ya que «utiliza la vieja táctica de descalificar al oponente cuando se carece de argumentos sólidos y coherentes para defender las propias posturas».

«Así, como él es muy listo y tiene toda la razón de su parte, los que no comparten sus ideas son necesariamente unos ignorantes, dicho lo cual se acaba todo posible debate; prima la tiranía del ego del iluminado«, señala la plataforma, para la que a ello »se añade la utilización espuria del término política como arma arrojadiza contra el contrario«.

«La que sí es una decisión política», a su juicio, «es la de pintar el faro y haber elegido a dedo al autor y ejecutor, sin concurso de ideas y sin ninguna publicidad ni participación social previa«, decisión adoptada, dice, »por la Presidencia del Gobierno de Cantabria«.

DEBA insiste en que «no se trata de discutir los posibles méritos artísticos» de Okuda, «en el caso de que los tenga», sino la «pertinencia y legalidad» de una actuación concreta en el faro de Ajo, un edificio «singular, histórico, protegido» en las normas urbanísticas del municipio, la legislación de costas, el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

«Puede que al señor Okuda no le falten méritos artísticos, pero es evidente que le sobra soberbia«, critica la plataforma, que considera que tanto a él como a los responsables políticos que han decidido pintar el faro »parece que les falten los mínimos conocimientos legales necesarios para actuar, a la vez que muestran una inaceptable falta de aprecio hacia los paisajes característicos y relevantes de Cantabria«.

Y ello sin contar, agrega, con los «perjuicios» que puedan derivarse para el erario público en caso de que, realizada la intervención, los tribunales declarasen su ilegalidad y hubiera que devolver al faro a su configuración original.

«Resulta muy cómodo y fácil para la Presidencia regional disponer del dinero de los demás para gastarlo en ocurrencias, sin asumir responsabilidades personales y políticas», concluye DEBA.