El exalcalde de Noja dice que las licencias de Nocanor se dieron según «informes técnicos y sin ninguna animadversión»

Así lo ha manifestado este lunes en su declaración en el juicio contra él por presunta prevaricación en el retraso supuestamente deliberado en la concesión de las mismas a la promotora, la empresa familiar del actual regidor, el regionalista Miguel Ángel Ruiz Lavín, entonces concejal de la oposición.

En la vista también ha declarado el otro acusado, el secretario municipal cuando sucedieron los hechos, que empezaron en 2006, y que ha negado por su parte que el Consistorio dilatara plazos. «En ningún caso», ha sentenciado.

Ambos han contestado a las preguntas de las partes personadas en esta causa, que se enjuicia en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, y en la que Díaz -que fue alcalde nojeño durante 27 años- se enfrenta a uno de prisión y doce de inhabilitación para cargo público que pide el fiscal.

Le imputa un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios, e interesa además de multa de 6.750 euros.Del secretario, considera que es autor del primero tipo delictivo, por el que le reclama diez años de inhabilitación para el ejercicio o cargo o empleo público.

Díaz, que dirigió Noja desde 1998 a 2015 y que está retirado de la política, se ha definido como «superservicial» en el plenario, en el que ha destacado que a lo largo de toda su vida se ha dedicado a «defender» a los vecinos del municipio «con uñas y dientes».

Y en este caso concreto, ha indicado que «todo» lo realizado estuvo «precedido» de los correspondientes informes jurídicos. «Me atengo a lo que me dicen», ha zanjado, antes de destacar que no se ha «inventado nada» ni tampoco ha actuado «por placer o fastidiar» o «hacer daño». «Había por mi parte especiales ganas de colaborar, por mucho que se dijera lo contrario», ha expresado, para precisar que «en todo caso» actuó para «favorecer» la edificación en la finca 'Socaire', en la que Promociones Nocanor había proyectado 184 viviendas.

Así, ha subrayado que su voto fue «decisivo» para aprobar el estudio detalle de la parcela, en un terreno urbano a sus ojos «supersingular», por su tamaño, ubicación -en el centro de Noja- y por tener encinas, algunas «de importancia», y sobre las que existía «sensibilidad» e incluso «presión popular» para que no fueran taladas.

En este sentido, el exalcalde nojeño ha agregado que si hubiera votado en contra -y en su opinión «había mil y una razones» para hacerlo, pero decidió actuar «en justicia» y para «defender los intereses de la gente»-, no se habría dado luz verde la citado estudio y «hoy no estaríamos aquí». «Fíjese que animadversión», ha manifestado a preguntas del representante de la Fiscalía.

Esta parte acusa al que fuera dirigente 'popular' y al exsecretario municipal de dictar y amparar, respectivamente, y «a sabiendas de su ilegalidad» resoluciones administrativas que «contradecían» la legislación vigente, aplicando directrices «diferentes» a casos «semejantes», para retrasar el complejo residencial de 'Nocanor'. El ministerio público lo achaca al «interés» de Díaz en la finca y a que finalmente no se llegó a un acuerdo para su participación en el proyecto empresarial -su mujer tenía una empresa inmobiliaria-.

Pero el entonces regidor ha alegado que «siempre» actuó conforme a los técnicos. Y ha esgrimido que él no tramitaba los asuntos ni redactaba comunicaciones o resoluciones, como tampoco «daba las licencias», sino que se encargaba de las mismas un órgano colegiado -la junta de gobierno local-, de la que formaba parte junto a tres ediles más.

Asimismo, se ha mostrado «seguro» de que si se exigían compensaciones por una determinada actuación urbanística o se imponían sanciones durante su tramitación, venía «precedido» de un informe del secretario o los técnicos. «Yo no me lo invento», ha reiterado.

En materia de normas urbanísticas, municipales y regionales, se ha referido a una sentencia dictada en la materia en 2004 y que es la «línea» que han seguido «siempre» en el Consistorio en este caso. «Ha sido nuestra estela», ha apostillado.

Sobre demoras, el exalcalde ha rechazado que haya incumplido «ningún plazo legal» en 'Nocanor'. Así, a preguntas de la acusación particular, ha negado que hubiera «paralización» en la tramitación del proyecto urbanístico, que arrancó en 2006 con la solicitud de licencia que se concedió en 2012, según ha enfatizado el abogado de la promotora.

A este respecto, el acusado ha negado que las dilaciones fuesen «intención» suya, ya que se considera «superservicial» y tampoco «obedece a ninguna animadversión». Así, «depende de lo que se tarde en presentar documentación», y ha apuntado que la promotora tardó «trece meses» en entregar documentos «supersencillísimos». «¡Cómo no se va a tardar!», ha exclamado a continuación.

Al hilo de lo anterior, ha aludido en el interrogatorio de las defensas a la querella interpuesta por estos hechos, en febrero de 2015, años después de la concesión de las licencias y «en vísperas» de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de ese año. A preguntas de su abogado, Jesús Díaz ha negado haber dado «nunca» instrucciones o sugerencias relacionadas con la concesión de las licencias: «Jamás».

Y sobre la indemnización de 13 millones de euros reclamada por 'Nocanor' -de la que es mimbro el actual alcalde- al Ayuntamiento, el exregidor entiende que sería «la ruina» y «la quiebra» del Consistorio, cuyo presupuesto anual suele rondar los 10 millones.

La promotora añade a los delitos de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas los de tráfico de influencias y cohecho, interesando en total seis años de prisión, 26 de inhabilitación parar cargo público y un indemnización por el citado importe, así como diez años de inhabilitación al secretario.

En la causa también está personado el Ayuntamiento de Noja, pero como responsable civil subsidiario -no acusación particular-, que reclama siete años de inhabilitación para ambos procesados. Díaz ha indicado al letrado del Consistorio que 'Nocanor' hizo reclamaciones patrimoniales -algunas siendo él todavía alcalde- por cifras «multimillonarias», aunque se perdieron todas en los tribunales.

En la primera jornada del juicio -que estaba señalado para el pasado marzo pero que en su arranque se retrasó a mayo por la documentación presentada por algunas partes- también ha declarado el secretario municipal en el momento de los hechos, que ha negado que el Ayuntamiento haya «dilatado los plazos» en la concesión de las licencias en cuestión. «En ningún caso», ha sentenciado.

Sin embargo, le «da la impresión» de que los implicados «estaban dilatando los plazos» pues en su opinión «es muy raro» que, por ejemplo, en una solicitud de obra mayor se presente el proyecto sin visado. Pero eso «no es culpa del Ayuntamiento», que va tramitando documentación según va entrando, ha justificado.

También ha indicado que en aquel momento el suelo urbano se clasificaba como tal sin distinguir entre consolidado o no consolidado; que era necesario el proyecto de urbanización; y que una parcela exige para su desarrollo un estudio detalle, tenga uno o varios propietarios.

Tras el interrogatorio de los dos acusados, el juicio continuará el martes con la declaración de los peritos y el miércoles con la prueba pericial.