El exalcalde de Noja reclama a Jesús Díaz más de 34 millones tras la condena del 'caso Nocanor'

Así lo estableció en septiembre del 2023 el Tribunal Supremo en una sentencia en la que rebajó de diez a nueve años de inhabilitación la pena impuesta por la Audiencia Provincial a Díaz al apreciar la atenuante simple de dilaciones indebidas.

Durante el juicio, el denunciante reclamaba 12,9 millones de euros más intereses. Sin embargo, el Alto Tribunal, en base a un recurso de la inmobiliaria de Ruiz Lavín, amplió las bases para calcular la indemnización que el condenado deberá sufragar y que se tiene que determinar en ejecución de sentencia.

Tres meses después de que conocerse esta sentencia, en diciembre de 2023, Ruiz presentó ante la Audiencia Provincial la reclamación en la que cuantificaba la cantidad que entiende que el condenado o el Ayuntamiento debe indemnizarle por el perjuicio causado. Tres son los conceptos por los que el responsable de Nocanor reclama 26, 8 millones (más los 7,2 de intereses generados, que, un año después han aumentado). En primer lugar, reclama 54.475,81 euros por el «incremento de los costes que tuvo que soportar» Nocanor Promociones como consecuencia de la presentación de los «innecesarios proyectos de urbanización y compensación contemplados en esta causa».

En segundo lugar, reclama 2.029.584 euros por el «sobrecoste» pagado por Nocanor como consecuencia de haber incumplido el plazo contractual inicialmente pactado con los vendedores de los terrenos, del que deberá deducirse el valor que tuvieran los pisos que deberían haberse adjudicado en permuta a los vendedores del terreno y que se mantuvieron bajo propiedad del promotor, tasados estos por el valor que tuvieran en el mercado al momento de su definitiva venta o adjudicación a terceros.

Y en tercer lugar, Ruiz solicita 24.561.989 euros por la diferencia entre el valor que tenían los demás inmuebles del proyecto el día 26 de agosto de 2009 (fecha de previsible finalización de las obras a partir de un estudio de detalle aprobado el 26 de febrero de 2007) y el valor que ofrecían los mismos inmuebles al momento de su definitiva venta o adjudicación a terceros.

Tras conocer esta reclamación, tanto el Ayuntamiento como el condenado se opusieron. Ambos han encargado un pericial de parte y la Audiencia Provincial designó hace unos meses a un perito judicial para que valorara los informes periciales presentados. La representación legal de Nocanor señala que dicha pericial lleva parada «casi un año» porque la gerencia de Justicia, «no se pronuncia sobre el pago de los honorarios que reclama el perito para hacer su peritaje».

Desde el Ayuntamiento de Noja, la actual alcaldesa Mireia Maza (PP) no oculta su preocupación ante la hipotética circunstancia de que el Consistorio tenga que hacer frente a una indemnización millonaria «que supondría la quiebra». «No estamos de acuerdo con el hecho de ser responsables civiles subsidiarios pero tenemos que acatar la sentencia del Supremo. Habrá que esperar a ver si el condenado asume ese pago, como responsable», aseveró.