Una familia de Santoña se enfrenta al desahucio de su vivienda

La plataforma Stop-Desahucios ha denunciado los hechos y ha convocado una concentración para evitar el desalojo, como ha venido haciendo en similares casos anteriores. Confían, en cualquier caso, en que las gestiones en el Juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 de Santoña y la negociación con la entidad demandante, Buildingcenter, permitan suspender el lanzamiento. Una de las propuestas es pagar la deuda de forma fraccionada y la familia está a la espera de la respuesta positiva de la entidad asociada a Caixabank.

Le entidad, propiedad de La Caixa y dedicada a la gestión de activos bancarios, demandó a la familia, que según Stop- Desahucios «malvive con una renta social básica de 630 euros y deben únicamente 1.200 euros y 600 euros del agua».

Stop-Desahucios explica que hace 16 años compraron, mediante un préstamo hipotecario con La Caixa, la casa donde residen actualmente. Más tarde, en 2014 cedieron la vivienda mediante una dación en pago; y en las mismas fechas firmaron un contrato de alquiler social, «pero debido a la situación de desempleo y de pobreza sobrevenida, no pudieron satisfacer los pagos de las cuotas de alquiler en los últimos meses».

Para Roberto Mazorra, que actúa de portavoz de la plataforma, «lo más grave es que Elena y Diego no han podido defenderse de la demanda presentada por Buildingcenter», porque «fueron mal aconsejados ya que les informaron que no tenían derecho a justicia gratuita, lo cual es falso».

«Es cierto que no es preceptiva la asistencia de abogado y procurador en procedimientos civiles cuya cuantía esté por debajo de 2.000 euros. Sin embargo, cuando una de las partes, en este caso la parte demandante, se presenta con abogado y procurador, la otra parte, la demandada, tiene también derecho a personarse con abogado y procurador, de oficio en este caso. De otra forma, se produciría una indefensión de libro y se conculcaría la tutela judicial efectiva por desigualdad flagrante entre las partes», explica Mazorra en un comunicado de prensa.

Precisamente, esa ha sido una de las alegaciones que se han presentado en la solicitud de suspensión presentada en el Juzgado de Santoña. La otra se basa en la sentencia 1797/2017 del Tribunal Supremo, que obliga a la actuación de los poderes públicos cuando hay menores ante situaciones de riesgo de desahucio, situando el bienestar de las familias por encima del derecho a la propiedad, al menos temporalmente mientras subsista la situación de los menores.

Hace apenas quince días, el 19 de enero, otro matrimonio en circunstancias similares (en paro y con dos niños menores de 6 y 11 años) logró paralizar el desahucio de su vivienda en Solares, con el apoyo de la plataforma.

Tino y Elisabeth se personaron en el Juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 de Medio Cudeyo, junto a tres integrantes de Stop Desahucios, y después de varias horas de reuniones con funcionarios del juzgado, la letrada sustituta suspendió el desahucio.

Tan solo cuatro días antes, el 15 de enero, Ángela y Alejandro, una pareja joven de 20 y 19 años, en situación de desempleo y con dos niñas de seis meses y dos años de edad, iba a ser expulsada del piso en el que viven -sin ser propietarios y sin contrato de arrendamiento- en el número 12 de la santanderina Peña del Cuervo. En su caso, también tras la reunión en el juzgado de primera instancia número 4 de Santander con el letrado instructor, se paralizó el desalojo.

En el último trimestre del año se contabilizaron en España 11.547 lanzamientos –así se denomina técnicamente a estas intervenciones–. Más de 7.500 correspondieron a impagos de los alquileres frente a los otros 3.400, consecuencia de la morosidad por no abonar la cuota de la hipoteca. Es decir, un 65% en el caso de los arrendatarios frente a un 35% del resto, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.