La Fiscalía archiva la investigación que instó el juez Acayro contra el exalcalde Jesús Díaz

Las indagaciones fiscales estrechaban el cerco sobre Díaz, involucrado ya en dos procedimientos judiciales; uno, promovido por los regionalistas, que le acusan de supuestas maniobras para favorecer un negocio de hostelería de un exconcejal, y el segundo, prácticamente cerrado y por el que se enfrenta a seis años de prisión, por bloquear los proyectos de su sucesor, Miguel Ángel Ruiz (PRC).

Siete meses ha empleado la Fiscalía en investigar la denuncia del juez. Ahora, después de la práctica de numerosas diligencias y de la declaración de varios testigos y del propio investigado, el Ministerio Fiscal concluye que «no hay indicios sólidos» de la comisión de los delitos apreciados por el magistrado Acayro Sánchez, aunque en el caso de las obras de la oficina de turismo observa «la posible existencia de irregularidades administrativas en la tramitación». La Fiscalía alberga también «sospechas» de irregularidades en la adjudicación de los trabajos del colegio pero carecen de la suficiente entidad como para realizar «una acusación debidamente fundada». Por todo ello, la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez Bados, acuerda el archivo de las actuaciones, un acuerdo que ha trasladado al denunciante. Ahora, si el juez Acayro Sánchez persiste en la existencia de delito puede reiterar la denuncia ante el Juzgado.

El magistrado, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, subrayó que las obras de la oficina de turismo se adjudicaron mediante «contrato verbal, fraccionado deliberadamente y sin consignación previa en un Ayuntamiento donde parece haber sido habitual la vulneración de todos los principios básicos de la contratación administrativa». En el caso del colegio El Palacio sostenía que hubo una «contratación manifiestamente ilegal, con una posible manipulación de documento mercantil y judicial y vulnerando también los principios básicos de la contratación administrativa».

En las indagaciones han declarado, entre otros, el titular de la empresa GIOC, adjudicataria de ambas obras, el ingeniero redactor de los proyectos, la interventora municipal, y el propio denunciado. En el caso de las obras de la oficina de turismo, el Ministerio Público asegura que el presupuesto se ajustó y quedó por debajo de 50.000 euros, que es un contrato menor, y no ve «con claridad» que haya habido «una voluntad malintencionada» de fraccionar la obra para adjudicarla a dedo a GIOC «de una manera arbitraria, eliminando la concurrencia propia de un procedimiento negociado sin publicidad», aunque aprecia la «posible existencia» de irregularidades administrativas. En similares términos se pronuncia respecto a las obras del colegio El Palacio, ya que no se ha podido demostrar la falta de publicación de la licitación.

Tras conocer la decisión fiscal, Díaz saca pecho y señala al equipo de gobierno que preside Miguel Ángel Ruiz. A su juicio, este archivo prueba que «ha tratado en todo momento de desprestigiar» su trabajo al frente de la anterior corporación ante «la nula gestión actual, que más allá de la asignación de buenos salarios a los concejales no está haciendo nada en estos dos años y medio». Díaz, que sustentó el bastón de mando en Noja durante 27 años -hasta las elecciones municipales de 2015-, acusa a los regionalistas de «judicializar» su gestión. Además, critica que con el PRC «Noja se está quedando atrás incluso en su buque insignia, que es el turismo».